Organizaciones defensoras de los derechos humanos y los partidos de la oposición criticaron hoy al Gobierno canadiense por ignorar acusaciones de abusos en Colombia y tergiversar la situación de ese país por razones comerciales.
Las críticas se producen tras descubrirse el contenido del informe sobre derechos humanos en Colombia que Canadá tiene que elaborar cada año como parte del acuerdo de libre comercio entre los dos países.
El informe excluyó de forma deliberada la obligación de las empresas canadienses de cumplir estándares internacionales de responsabilidad social y se limitó a estudiar el potencial impacto de las reducciones de tarifas en los derechos humanos.
El socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD), el principal de la oposición en Canadá, calificó el informe como una «farsa» por ignorar las inversiones canadienses.
El informe, que fue «presentado» por el Gobierno del primer ministro, Stephen Harper, el pasado 16 de mayo, pero cuya existencia no fue revelada hasta hoy, concluye que el tratado de libre comercio entre Canadá y Colombia no tiene ningún impacto negativo en la situación de los derechos humanos en el país suramericano.
El informe indica que nadie ha podido demostrar que «cualquiera de los factores que impactan derechos humanos y la satisfacción de los trabajadores está directamente relacionada con la implementación» del TLC.
Pero la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) dijo que el informe «tergiversa» la situación y evita incluir las numerosas denuncias, especialmente de comunidades indígenas colombianas, de violaciones de derechos humanos relacionadas con la operación de empresas mineras canadienses.
«Este informe haría pensar a los parlamentarios que no hay ninguna preocupación sobre la situación de los derechos humanos en Colombia relacionadas con comercio e inversiones», dijo en un comunicado el secretario general de Amnistía Internacional, Alex Neve.
«Por el contrario, hay abundantes y bien documentadas pruebas de un creciente número de respetadas organizaciones colombianas e internacionales», añadió Neve.
AI puso como ejemplo la advertencia lanzada el mes pasado por la ONU sobre la supervivencia de 40 de las 102 tribus indígenas de Colombia y que están amenazadas principalmente por proyectos mineros en sus territorios tradicionales.
El informe del Gobierno de Harper también ignoró el testimonio ofrecido en febrero de este año en Ottawa ante parlamentarios canadienses por un representante de la Organización Nacional Indígenas de Colombia (ONIC), en el que relató ataques a comunidades indígenas en áreas de explotación minera.
Ghislain Picard, uno de los líderes de la organización que agrupa a los pueblos indígenas de Canadá, dijo en un comunicado que «es inaceptable y desmesurado que una emergencia de derechos humanos de estas dimensiones no sea ni mencionada en el informe» del Gobierno de Harper.
Toronto (Canadá), 20 may (EFE).-
