Por Vilma Filici / filici@filici.com
A pesar de que ya han pasado 13 años desde que “consultor de inmigración” se convirtió en una profesión regulada por una organización nombrada por el gobierno, el Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC), que busca la protección de los clientes de inmigración, aún hay personas que toman los servicios de gente no autorizada para ayudarlos con sus trámites.
Esta semana la policía impuso tres cargos por fraude en contra de Sakia Mojadiddi, quien era la responsable de una organización sin fines de lucro pero que estaba cobrando $5,000 a las personas para procesar sus casos con el departamento de Ciudadanía, Refugiados e Inmigración.
Aquí cabe aclarar quiénes pueden representar a un cliente en casos de inmigración y percibir dinero para hacerlo. Las leyes de inmigración y ciudadanía estipulan que sólo los abogados miembros de la barra de abogados de la provincia donde practican, paralegales regulados por la asociación de abogados (este grupo sólo puede trabajar con tribunales de inmigración, no con casos de inmigración), los notarios de Quebec y los miembros del Consejo de Consultores de Inmigración y Ciudadanía Regulados (ICCRC) pueden representar a un cliente cuando éste paga por sus servicios.
Otras personas que pueden representar a alguien ante Inmigración y Ciudadanía son cualquier persona u organización que no perciba dinero para hacerlo. En el momento que la Sra. Mojadiddi cobró dinero sin ser miembro de una de estas organizaciones, cometió un delito. Cualquier persona que ayuda a otra con trámites de inmigración o refugio sin ser un miembro de estas organizaciones está cometiendo un delito y al ser encontrada culpable puede recibir dos años de cárcel o hasta $100,000 de multa, o seis meses de cárcel o $20,000 de multa si es un cargo menor.
Pero en muchos casos los clientes, aun sabiendo que la persona no está autorizada para ejercer la profesión, de todas formas, toma sus servicios. Cuando llenan los formularios de representación, que van con cada solicitud, ponen que están haciendo los casos ellos mismos. Esta declaración, aunque parezca inofensiva, es en realidad una ofensa por presentar declaraciones fraudulentas y el cliente puede también recibir cargos de inmigración cuyo resultado es una negación del trámite presentado y una acusación de haber dado declaraciones fraudulentas, por lo cual serán penalizados y no podrán hacer ningún tipo de trámite durante cinco años.
El Consejo Regulador de Consultores de Inmigración y Ciudadanía acaba de pasar por una revisión de sus funciones y rendimiento conducido por un comité parlamentario, quienes presentaron un reporte a Ahmed Hussen, Ministro de Inmigración Refugio y Ciudadanía. El ministro aceptó algunas de las recomendaciones hechas por el comité y mantendrá el cuerpo regulador con algunas mejoras en sus prácticas. El Cuerpo Regulador tiene el mandato de protección al cliente y es por eso por lo que es esencial que las personas contraten consultores regulados por ICCRC. Es exactamente la misma situación con los abogados, paralegales y notarios de Quebec.
Los consultores miembros del consejo deben pasar por un programa de estudios de leyes de inmigración, refugio y ciudadanía. Deben pasar exámenes rigurosos de admisión a la profesión; exámenes policiales y exámenes de inglés y o francés.
Las leyes de inmigración cambian frecuentemente y por lo tanto los consultores deben mantener sus conocimientos al día, y para esto deben tomar cursos de capacitación cada año para poder mantener sus licencias. También deben comprar un seguro que cubra errores y/u omisiones que pudieran perjudicar a una cliente, y este seguro puede cubrir situaciones en la que hubo negligencia por parte del consultor. Así, en algunos casos el cliente podrá recuperar el dinero pagado y el dinero perdido a causa del trámite mal presentado.
Si hubo problemas serios de fraude o negligencia grosa, el consultor puede ser disciplinado. Puede ser suspendido y en algunos casos puede perder su licencia.
Como parte de los requisitos para obtener la licencia para practicar leyes de inmigración, los consultores regulados tienen que tomar una serie de cursos ofrecidos por ICCRC en los cuales aprenden prácticas de oficinas, entre las cuales incluye la preparación de un contrato con el cliente en el cual se especifica el trabajo que se va a hacer, las responsabilidades del cliente y del consultor, y los datos del Cuerpo Regulador en caso de que sea necesario contactarlos.
Al tener un contrato con un consultor regulado, el cliente tiene la seguridad de que está tratando con un profesional y que en caso de que haya algún problema puede dirigirse al departamento de quejas y disciplina del regulador, quien estudiará el problema y llegará al fallo pertinente.
Cuando digo estudiar el problema debo clarificar que el cliente presenta la queja y envía todas las pruebas que tenga a su alcance. El regulador requerirá una respuesta y explicación al consultor, a quien también se le dará la oportunidad de enviar sus argumentos y pruebas, y luego se hará una investigación en la cual se llegará a un fallo sobre la situación presentada.
La posibilidad de que se presente una queja al cuerpo regulador de consultores no termina con el cliente, ya que la ley le permite a los oficiales de inmigración y a los tribunales de inmigración reportar a un consultor si los funcionarios o miembros del consejo de inmigración y refugio consideran que la persona no está actuando de manera correcta, es incompetente o negligente.
Los consultores de inmigración también tienen que operar bajo un código de ética profesional y de reglamentos estrictos. El romper cualquiera de las reglas o ser encontrado negligente en un caso podría resultar en una suspensión o una remoción de la licencia para practicar.
La práctica de consultores de inmigración está muy bien regulada, pero lamentablemente el ICCRC sólo puede proteger al público cuando este usa a un miembro regulado por ellos. Cuando las personas elijen llevar sus casos a personas no calificadas y no reguladas, el ICCRC no tiene el poder de intervenir para proteger al cliente.
Cuando hay una situación de fraude, como en el caso que encabeza este artículo, y las autoridades se involucran, se lleva a la persona a juicio y se la sentencia, pero lamentablemente el cliente afectado lo único que puede recibir es la satisfacción de saber que el culpable va a la cárcel. Rara vez pueden recuperar el dinero invertido y por supuesto el tiempo pedido no se recupera nunca.
El gobierno ha creado los mecanismos de protección al público, pero estos no sirven de nada cuando los clientes toman los servicios de personas no autorizadas. Si quiere asegurarse de que un consultor está trabajando legalmente, entre a la página web de ICCRC: cd-pd@iccrc-crcic.ca, busque en la lista de consultores autorizados, y asegúrese de que la persona con quien desea trabajar es un consultor regulado.
