El director del departamento de Protección Internacional del ACNUR, Volker Türk, alertó hoy sobre la aparición de un nuevo fenómeno de desplazamiento forzado intraurbano en Colombia impulsado por el narcotráfico en las principales ciudades del país.
En una entrevista a Efe con motivo de su participación en la conferencia «Soluciones sostenibles para la población desplazada: experiencias nacionales e internacionales», Türk advirtió sobre la importancia de «reaccionar rápido» y evitar una afectación mayor en los jóvenes, uno de los colectivos más vulnerables a este fenómeno.
De los 3,9 millones de desplazados internos a causa del conflicto armado reconocidos por el Gobierno colombiano, país que encabeza las estadísticas mundiales, el 45 % son jóvenes, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Aunque no hay cifras oficiales sobre este fenómeno intraurbano, la ACNUR alerta de la situación que viven ciudades como Buenaventura y Tumaco (suroeste), Soacha (centro) o Medellín.
Esta última es el exponente de las llamadas «fronteras invisibles» que trazan las bandas criminales en la lucha por el control territorial del negocio del narcotráfico.
Esta situación hace, según ACNUR, que «los desplazados de hoy sean los hijos de los desplazados de ayer», ya que muchos de ellos tienen que huir de los suburbios de las grandes ciudades en los que se han asentado sus padres para escapar de la violencia en el campo.
Esto perpetúa situaciones de pobreza y vulnerabilidad en barrios periféricos sin acceso a servicios básicos y la persistencia de una situación humanitaria que el director del departamento de Protección Internacional de ACNUR definió como «precaria».
En un contexto en el que el 60 % de la población desplazada vive en zonas urbanas por un largo periodo de tiempo, Türk insistió en la necesidad de «respetar la voluntad de las víctimas de permanecer en el lugar de acogida» y regularizar su situación con el desarrollo de políticas urbanas de integración, acceso a servicios básicos y «legalización de títulos de propiedad».
En el caso de que la voluntad sea el retorno, aseveró que el Estado debe garantizar una protección física y jurídica a las familias para evitar nuevas pugnas por la tierra, así como una reparación integral a las víctimas que logre el pleno desarrollo de sus capacidades y recupere su condición de ciudadanos.
«Manejar las consecuencias del desplazamiento es un asunto que tiene que ver con derechos como la dignidad humana, la restitución de tierras, el acceso a servicios como la salud, la educación, el agua potable y el trabajo digno», reclamó.
Según cálculos de ACNUR, en 2013 se mantendrá la tendencia de la última década de entre 130.000 y 140.000 desplazados internos.
En lo que va de año han aumentado los desplazamientos masivos y hasta abril se habían registrado 47, mientras que en todo 2012 fueron 58.
Türk se refirió también a la libre voluntad de los refugiados de decidir sobre su retorno, especialmente de aquellos que viven en países vecinos como Panamá, Venezuela y especialmente Ecuador, donde de los 55.480 reconocidos por el Gobierno, el 98 % son colombianos.
EFE
