La despenalización del aborto, que permitiría que está práctica fuese segura y legal, es un tema que está más estancando que nunca en El Salvador y lejos de que se cambie o reforme el sistema de justicia que acusa y condena por homicidio a las mujeres que sufren complicaciones obstétricas.
Una propuesta de reforma al Código Penal, presentada en octubre de 2016 por el ahora opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), ha sido prácticamente ignorada en la Asamblea Legislativa y actualmente las mujeres que sufren un aborto en partos extrahospitalarios o tienen complicaciones obstétricas pueden ser condenadas hasta a 50 años de prisión.
La legislatura en la que fue presentada dicha iniciativa, que contempla la despenalización del aborto terapéutico y en casos de violación, cambió en 2018 y en la actual, que concluye en el 2021, el tema no parece ser de interés para los parlamentarios, quienes son los únicos responsables de analizar y aprobar reformas.
La situación se puede complicar más con el control que tomarían en el Congreso el próximo año los partidos Nuevas Ideas, impulsado por el presidente Nayib Bukele, y la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), con el que el mandatario alcanzó la Presidencia.
GANA se ha mostrado en contra del aborto y Nuevas Ideas aún no ha tomado postura al respecto, pero su referente, el presidente Bukele, no está a favor del aborto.
En marzo pasado, en una inusual entrevista con el rapero puertorriqueño Residente, Bukele dijo que no está a favor del aborto.
«No estoy a favor del aborto y creo que al final, en el futuro, algún día nos vamos a dar cuenta de que es un gran genocidio el que se está cometiendo con los abortos», apuntó.
La conversación giró sobre los embarazos de mujeres violadas: «siempre castigamos a la persona equivocada» y «el bebé no tiene la culpa» fueron algunas frases que soltó el mandatario.
Bukele luego matizó su postura y rechazó el encarcelamiento de mujeres que sufren partos extrahospitalarios, pero a la fecha el tema no ha sido tratado.
Según datos proporcionados por un portavoz de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, actualmente en El Salvador 18 mujeres están encarceladas por supuestos abortos, de las 15 ya tienen condenas firmes y 3 esperan sentencia en privación de libertad.
Estado ignora recomendaciones
Para la activista Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, en definitiva «el tema de la despenalización del aborto, que es una lucha para que se pueda reformar la legislación salvadoreña, es una de las deudas que tienen el Estado con las mujeres y las niñas».
Además, indicó que el Estado salvadoreño está «ignorando» las diferentes recomendaciones internacionales que existen en la materia y «está dejando atrás las demandas ciudadanas en las que se expresa la necesidad de reformar la ley».
«La situación de la criminalización de las mujeres es una realidad que continúa y genera gran preocupación debido a los marcos (legales) tan restrictivos que tenemos y el Estado simplemente no retoma este tema», subrayó.
García, también miembro del colectiva Sombrilla Centroamericana, apuntó que el actual Gobierno, dijo que además de «ignorar» las recomendaciones de los organismos internacionales, el Gobierno «no está generando medidas adecuadas para poder responder ante este tema (aborto), la violencia que viven las mujeres, los feminicidios y los embarazos en niñas y adolescentes».
Y añadió que «en el marco del nuevo Gobierno prácticamente los espacios de diálogos han desaparecido».
«La salud sexual, la salud reproductiva y el aborto seguro son esenciales (…) este Gobierno debe de reconocer y retomar las mesas diálogos con las organizaciones, con las defensoras de derechos humanos, con las feministas para que se posicionen ante los obstáculos que se enfrentan al existir una total penalización del aborto, para que se pueda sistematizar los impactos en las niñas, adolescentes y adultas», manifestó.
Agregó «estamos ante un Estado que es feminicida porque se están muriendo mujeres por no tener acceso a un aborto».
Las mujeres pobres son las más afectadas
Diversas organizaciones defensoras de los derechos de la mujer han señalado y reiterado que las mujeres en condición de pobreza y con altos niveles de vulnerabilidad son las más afectadas por esta situación.
Omar Flores, abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicacion del Derecho (FESPAD), explicó que la falta de herramientas en el sistema penal para evitar «criminalizar» a las que sufren partos extrahospitalarios o complicaciones obstétricas «impacta a mujeres con insatisfacción de derechos económicos, sociales y culturales».
Señaló que «cuando se hace una pequeña visualización de las condiciones materiales en las que estas mujeres se desarrollan vemos que son mujeres que no han tenido acceso a un sistema de salud público adecuado, de educación adecuado y, por ende, no tienen acceso a información sobre salud sexual y reproductiva, a un empleo y son, en determinado momento, mujeres del área rural».
«Lo que identificamos es que en El Salvador, al final, lo que se criminaliza son las condiciones de pobreza que están en torno a estas mujeres y, obviamente, se criminaliza la insatisfacción de estos derechos económicos, sociales y culturales y a la alarga es responsabilidad de Estado poder garantizarlos», apuntó.
El jurista consideró que si existiera en el país un sistema de plazos (cuatro causales) o un sistema de indicaciones al aborto se podría solventar «los conflictos de derechos fundamentales que tiene la madre y el nasciturus», y esto podría evitar que más mujeres fueran encarceladas por «homicidas».
Diversos expertos han señalado que la criminalización de la interrupción del embarazo no reduce las tasas de aborto, como demuestran datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino que suele aumentar el número de mujeres que buscan soluciones clandestinas e inseguras.
