25 abr – Los abogados de un grupo de al menos 137 hombres venezolanos enviados a una prisión en El Salvador el mes pasado instaron a un juez a ordenar al gobierno del presidente republicano Donald Trump que facilite su regreso a Estados Unidos.
La solicitud del jueves por la noche presentada por los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles al juez federal de distrito con sede en Washington, James Boasberg, abre un nuevo frente en una batalla legal por el uso por parte de la administración Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar las deportaciones de presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.
Hasta el momento, la ACLU se ha centrado en garantizar que los venezolanos que aún se encuentran en Estados Unidos tengan la oportunidad adecuada de impugnar sus deportaciones ante los tribunales, amparándose en la ley. Jueces de al menos cinco tribunales federales han emitido órdenes que bloquean temporalmente las deportaciones dentro de sus distritos, utilizando la ley, que históricamente se ha utilizado en tiempos de guerra.
Los familiares de muchos de los venezolanos deportados el 15 de marzo y sus abogados niegan cualquier vínculo con pandillas y afirman que no se les dio la oportunidad de refutar las acusaciones de la administración Trump ante los tribunales. Se encuentran recluidos en el Centro de Reclusión Antiterrorista de El Salvador, en virtud de un acuerdo por el cual Estados Unidos paga 6 millones de dólares al gobierno del presidente Nayib Bukele.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Cualquier orden de Boasberg para facilitar el regreso de los migrantes haría eco de la orden de otro juez federal para que la administración facilite el regreso de Kilmar Abrego García , un migrante salvadoreño deportado injustamente a El Salvador junto con los migrantes venezolanos.
La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la orden de la jueza de distrito Paula Xinis para que el gobierno facilite el regreso de Abrego García, pero hasta ahora, la administración Trump no ha dado ninguna indicación de que haya pedido al gobierno de El Salvador que lo envíe de regreso.
Xinis inició una investigación para determinar si la administración desobedeció su orden de facilitar el regreso de Ábrego García. Xinis declaró el miércoles que suspendería la investigación hasta el 30 de abril, sin explicar el motivo.
Boasberg ha declarado que podría acusar a funcionarios de la administración Trump de desacato judicial por desobedecer su orden de devolver los aviones que transportaban a los migrantes venezolanos a El Salvador. La semana pasada, un tribunal de apelaciones suspendió temporalmente su investigación.
