Naciones Unidas denunció el martes que a pesar de las medidas de cuarentena impuestas en Colombia como respuesta al coronavirus, continúan los asesinatos de excombatientes, líderes sociales y defensores de los derechos humanos.
Carlos Ruiz, el enviado de la ONU para Colombia, dijo durante una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que recientemente tres líderes sociales y tres excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron asesinados por grupos armados ilegales.
La cifra total de excombatientes de las FARC asesinados desde que se firmó la paz en 2016 entre el grupo guerrillero y el gobierno es de 195.
Ruiz destacó que, a pesar de los obstáculos que genera la pandemia, es necesario seguir asegurando la implementación del proceso de paz y el trabajo continuo de reintegración a la vida civil de los excombatientes.
“La paz en Colombia no puede ser, no debería ser, una víctima de esta pandemia”, dijo Ruiz durante una reunión celebrada en directo por video y transmitida por internet. Debido a la pandemia las reuniones del Consejo de Seguridad ya no se realizan en persona.
El Consejo revisa trimestralmente la situación del proceso de paz en Colombia desde que las FARC firmaron el acuerdo de paz con el gobierno para acabar con más de medio siglo de conflicto armado.
Ruiz expresó preocupación por la violencia de grupos armados ilegales en departamentos como el de Putumayo, donde el líder social Marco Rivadeneira fue asesinado en marzo.
Destacó que la violencia entre estos grupos prosigue a pesar del cese al fuego anunciado para el mes de abril por parte de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“En momentos en que todos los esfuerzos deben estar enfocados en luchar contra la pandemia pedimos a los grupos armados ilegales que desistan en sus acciones violentas contra comunidades vulnerables, incluidas las indígenas y las afrocolombianas”, dijo Ruiz.
A pesar de las críticas, el Consejo de Seguridad de la ONU apoya el proceso de paz que lleva a cabo el gobierno colombiano.
En los informes trimestrales de la organización se destacan avances también, como las cooperativas de trabajo en las que participan excombatientes. Ruiz destacó una en la que varios de ellos cosen mascarillas para que los colombianos se protejan del virus.
La canciller de Colombia Claudia Bloom participó en la reunión y calificó la garantía de seguridad de los excombatientes y líderes sociales como el “mayor desafío” que enfrenta su gobierno.
Blum destacó que más de 3.700 policías y miembros del ejército trabajan por la seguridad de los excombatientes ubicados en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación y que se han destinado unos cuatro millones de dólares para comprar las zonas que ocupan.
La canciller también dijo que su gobierno combate a los grupos que se dedican al narcotráfico y la minería ilegal. Blum destacó que Colombia aún sufre las consecuencias del crecimiento del cultivo ilícito de coca que ocurrió entre 2013 y 2017 y que, según ella, llegó a las 200.000 hectáreas. Agregó que ese crecimiento se frenó en 2018 y 2019.
“Nuestro gobierno no descansará hasta que eliminemos estos cultivos, ya que está claro, al mirar a nuestra historia, que el mayor combustible de la violencia en Colombia es el narcotráfico”, sostuvo.
Más tarde, desde Bogotá, Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, dijo a la AP que el gobierno considera un espaldarazo el pronunciamiento de la ONU.
“Obviamente pusieron los puntos sobre algunos retos que tenemos, pero manifestaron su confianza en que las más de 40 medidas de seguridad que tenemos con estos excombatientes van a rendir sus frutos este año”, señaló.
