El Congreso de El Salvador aprobó la madrugada de este martes un paquete de 1.000 millones de dólares para financiar un plan de rescate económico ante la pandemia de COVID-19 y autorizó el confinamiento obligatorio de la población, medida que pude hacerse cumplir hasta por la fuerza.
Ambas iniciativas, que contaron con el apoyo de los principales partidos de derecha, se aprobaron entre reclamos de mayor transparencia y advertencias de posibles violaciones a derechos humanos.
Los legisladores, acostumbrados durante la actual emergencia a largas jornadas de debates por las iniciativas, avalaron y votaron los decretos legislativos sin mayor discusión en las respectivas comisiones.
MIL MILLONES PARA EMPRESAS Y PROVEEDORES
El Congreso autorizó, con 56 votos a favor y 25 en contra, la colocación de bonos o contratación de préstamos por 1.000 millones de dólares principalmente para el pago de salarios de empresas afectadas por la cuarentena por la COVID-19 y el pago de los proveedores del Estado.
De este fondos, el Ejecutivo destinará 140 millones de dólares para pagar parte del salario de los empleados de la micro, pequeña y mediana empresa afectada por la pandemia y 360 millones para un programa de créditos para capital de trabajo empresarial.
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Otros 100 millones se utilizarán para prestar a trabajadores por cuenta propia que tengan crédito vigente con el sistema financiero, mientras el Gobierno recibirá 100 millones para el pago de la devolución de impuestos a exportadores y 300 millones para saldar deudas con los proveedores del Estado.
Estos 1.000 millones se suman a otros 2.000 millones autorizados el pasado 26 de marzo, que el Ejecutivo no ha recibido aún, de acuerdo con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes.
Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), advirtió que el pago de proveedores y de los exportadores se encuentra «repetido», dado que estaban estipulados dentro del presupuesto ordinario de 2020.
Fuentes explicó a la comisión que dio luz verde a la votación para estos fondos que el Gobierno ha perdido hasta el 30 de abril 261,1 millones de dólares de la recaudación por el paro del 80 % de la actividad económica.
CONFINAMIENTO OBLIGATORIO
La aprobación de «Ley de regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por COVID-19» contó con el respaldo 56 diputados y registró 26 votos en contra y fue la que más polémica.
Los opositores Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) y Partido Demócrata Cristiano (PDC) votaron en contra de ambas iniciativas, dado que, ajuicio de sus diputados, abre las puertas a violaciones de derechos humanos.
La nueva legislación, que se espera entre en vigencia hoy mismo con su publicación en el diario oficial, retoma y vuelve ley la medida de cuarentena obligatoria dictada por el Gobierno el 21 de marzo pasado y la denomina «resguardo domiciliar».
En el marco de esta cuarentena, el Ejecutivo detiene y confinaba en centros de contención a las personas que supuestamente se saltan la medida.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia prohibió la práctica y señaló que esta solo se podía dar si el Congreso aprobaba una ley que otorgara esta facultada al Gobierno.
Bukele anunció que no obedecería dicha orden judicial y continúo la práctica, por lo que el número de personas detenidas y confinadas suman 2.394
El artículo 6 de la referida ley establece que serán sujetos de cuarentena en centros de contención las personas que lleguen del extranjero y quienes rompan el «resguardo domiciliar».
La legislación señala que estas personas serán trasladadas por su voluntad o contra ella a un lugar para su evaluación médica y donde se determinará si serán enviados a un centro de confinamiento.
También señala, en su artículo 16, que para «hacer cumplir» las medidas «de forma coercitiva, si fuese necesario», el Ministerio de Salud tiene la facultada de auxiliarse de la Policía y Ejército.
Cristina Cornejo, diputada del FMLN, señaló tras la votación que esta iniciativa estaría «legitimando las violaciones de derechos humanos y el uso de la fuerza para atacar una pandemia».
Su compañera de partido, Nidia Díaz, acusó a los partidos que aprobaron la ley de respaldar un «régimen de excepción encubierto».
Por su parte, Guillermo Gallegos, de la oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional, lamentó la oposición del FMLN y PDC y los acuso de buscar el «fracaso» del Gobierno bajo intereses políticos.
«Espero que con esto el Gobierno pueda garantizar la vida y salud de tanto salvadoreño», dijo Gallegos, quien añadió que la oposición «no lo está haciendo bien» la votar en contra.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registró entre el 21 de marzo y el 22 de abril un total de 778 denuncias de supuestos atropellos, de las que el 67 % se vincula con violaciones al derecho de la salud, libertad persona y acceso a la información.
