El gobierno del presidente Nicolás Maduro solicitó al Fondo Monetario Internacional, al que por años ha cuestionado, un préstamo por unos 5.000 millones de dólares para fortalecer la capacidad de respuesta de Venezuela ante la propagación del nuevo coronavirus.
La solicitud fue hecha en una carta fechada el 15 de marzo y dirigida a Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, en la cual Maduro pidió al organismo obtener esos recursos a través del fondo de emergencia del Instrumento de Financiamiento Rápido, informó el canciller venezolano Jorge Arreaza el martes a través de su cuenta de Twitter.
El anuncio se produce después de más de dos décadas de gobiernos socialistas en los que Maduro, y su predecesor Hugo Chávez, repetidamente acusaron al FMI de querer imponer un “modelo capitalista, salvaje, excluyente” y de abogar por los intereses de los multimillonarios y la banca mundial.
En la memoria de los venezolanos el FMI evoca el recuerdo trágico de las protestas callejeras de 1989 conocidas como “El Caracazo” -provocadas por una crisis económica- que dejaron más de 300 muertos.
El Fondo negoció entonces una serie de medidas de ajuste con el gobierno del presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez (1989-1993) para obtener una mejora en los indicadores macroeconómicos del país.
Maduro expresó en la carta enviada a Georgieva que esos recursos “contribuirán significativamente” en el fortalecimiento de los sistemas de detección y respuesta ante la presencia del nuevo coronavirus en el país. Venezuela reportó la víspera que los casos confirmados de COVID-19 ascendieron a 33.
La caída de la producción petrolera a sus niveles históricos más bajos y las sanciones financieras de Washington para presionar la salida de Maduro del poder han afectado severamente las arcas del gobierno de Venezuela, sumida en una crisis económica y humanitaria caracterizada por una hiperinflación y escasez de alimentos y medicinas que ha obligado a más de 4,5 millones de personas a irse del país en los últimos años.
Además, las sanciones impiden el acceso de Venezuela a fuentes de financiamiento internacional.
Más de 60 países, entre ellos Estados Unidos, reconocen al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo. Guaidó se autoproclamó mandatario interino en 2019 por considerar que la reelección de Maduro en 2018 fue fraudulenta.
“Lo más importante no está en el detalle de si le dan la plata o no, sino lo que significa ir al FMI y lo que nos está diciendo de la situación de caja” del gobierno, señaló en Twitter el economista y director de la firma local de análisis Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros.
El FMI estableció ese instrumento en 2011 como un préstamo único a corto plazo destinado a ayudar a los países de bajos ingresos a enfrentar impactos como de los desastres naturales. La cantidad que puede solicitar un país está restringida al 100% de la cuota del país en el FMI, es decir, de alrededor de 5.000 millones de dólares en el caso de Venezuela.
Sin embargo, los países con niveles de deuda que el FMI considera insostenibles tienen prohibido obtener préstamos. Tal podría ser el caso de Venezuela, que ha dejado de pagar más de 65.000 millones de dólares en bonos y debe miles de millones más a Rusia, China y a docenas de compañías energéticas extranjeras cuyos activos expropiaron en las últimas dos décadas.
Chávez, quien gobernó entre 1999 hasta su muerte en marzo de 2013, insistentemente amenazó con retirar a Venezuela del FMI, organismo al que canceló todas las deudas contraídas al comienzo de su mandato.
El Fondo cerró sus oficinas en Caracas en 2006
