Las autoridades colombianas expulsaron el lunes a 59 ciudadanos venezolanos que al parecer estuvieron involucrados en las protestas antigubernamentales que han dejado tres muertos y decenas de heridos.
Migración Colombia informó en un comunicado que la medida se tomó luego de que “según reportes entregados por las demás autoridades, estos extranjeros estarían realizando en Colombia una serie de actividades que podrían en riesgo el orden público y la seguridad nacional”.
A su vez, el director general de Migración, Christian Kruger, señaló que “no vamos a permitir que ningún ciudadano extranjero afecte nuestra tranquilidad. Hemos respetado su participación dentro de las marchas. Les hemos tendido la mano a aquellos, que como el pueblo venezolano, lo han necesitado. Pero lo que no vamos a tolerar es que un grupo de desadaptados venga a afectar la seguridad de nuestras ciudades”.
La policía metropolitana de Bogotá apoyó el trasladado de los venezolanos al aeropuerto militar donde abordaron un avión de la Fuerza Aérea Colombiana que los trasladó a la población de Puerto Inírida. Desde allí un buque de la Armada colombiana los transportará hasta la ciudad venezolana de San Fernando de Atabapo para entregarlos a las autoridades de ese país.
El miércoles se realizó una huelga nacional contra las medidas económicas del presidente Iván Duque y la corrupción convocada principalmente por centrales obreras y apoyada por estudiantes y profesores. Más de 250.000 personas marcharon pacíficamente en diferentes partes del país, pero en horas de la noche hubo disturbios en Bogotá y Cali y se reportó la muerte de tres personas en el departamento del Valle del Cauca, en el suroeste del país.
Desde entonces los “cacerolazos” y plantones han continuado, especialmente en Bogotá, y el lunes están previstas marchas en diferentes partes del país.
Durante las protestas los colombianos también han expresado su frustración por los asesinatos de más de 100 líderes sociales en áreas rurales desde que comenzó el gobierno de Duque y algunos han exigido mejoras en la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la desaparecida guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Horas después Kruger informó en una rueda de prensa que desde el miércoles han sido expulsados en total 61 extranjeros, de los cuales 60 son venezolanos y uno peruano. Destacó que los expulsados no podrán ingresar a Colombia por 10 años a menos que soliciten una visa y que si ingresan ilegalmente serán juzgados.
Kruger indicó que ha compartido la información sobre los expulsados con otras autoridades de la región para que “estos actos vandálicos no se sigan multiplicando en otros países”.
Las protestas han sido convocadas por una amplia gama de sindicatos, grupos estudiantiles y organizaciones indígenas cuyos líderes dicen estar motivados por las recientes manifestaciones en Chile y Ecuador.
Cali, la tercera ciudad más grande del país, también se vio afectada por los disturbios, lo que impulsó a su alcalde a declarar la víspera un toque de queda. Dos municipios más pequeños se vieron obligados a tomar medidas similares tras verse rebasados por bandas de vándalos.
Duque anunció el viernes, luego de decretar un toque de queda por el vandalismo en varias zonas de Bogotá, que su gobierno abrirá una “conversación nacional” con diversos grupos sociales.
El mandatario se reunió la víspera con alcaldes y gobernadores para lanzar una iniciativa que, afirmó, se centrará en seis puntos fundamentales: crear crecimiento económico con igualdad, combatir la corrupción, mejorar la educación, incrementar el nivel de vida en las áreas afectadas por el conflicto con la guerrilla, proteger el medio ambiente y fortalecer las instituciones gubernamentales.
El diálogo se mantendrá vigente hasta el 15 de marzo, aunque Duque dio pocos detalles sobre cómo se involucraría a la ciudadanía.
