El expresidente francés Nicolas Sarkozy (2007-2012) será juzgado por corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas, tras el rechazo definitivo de los recursos que había presentado. Se convierte así en el primer exmandatario juzgado por corrupción en Francia en siete décadas.
La justicia francesa rechazó este martes los últimos recursos de Sarkozy, de su abogado Thierry Herzog y del alto magistrado Gilbert Azibert. Ahora, los tres
serán juzgados por «corrupción» y «tráfico de influencias». Según ‘Le Figaro’,
el proceso tendrá lugar en los próximos meses.Se trata de la primera vez que un expresidente será juzgado por corrupción.
El expresidente está acusado de haber intentado en 2014, a través de Herzog, obtener informaciones del entonces alto magistrado Azibert -en marco del llamado caso Bettencourt- a cambio de nombrarle a un puesto prestigioso en Mónaco.
La investigación concluyó en 2016 y los jueces validaron que los tres fueran sentados en el banquillo en marzo de 2018, pero posteriormente esa decisión fue rechazada.
Varios magistrados habían infiltrado el teléfono de Sarkozy ante las sospechas de que pudo recibir financiación del régimen libio de Muamar Gadafi (1969-2011) durante la campaña de 2007 que le llevó al Elíseo, motivo por el que fue imputado el 21 de marzo del año pasado.
En las conversaciones entre el expresidente y su abogado, descubrieron que trataban de obtener, a través del juez Azibert, información secreta de otro caso que investigaba si Liliane Bettencourt, heredera del imperio cosmético L’Oréal, financió ilegalmente su campaña de 2012.
Algunas de esas conversaciones fueron publicadas en la prensa y dejaban entrever que Sarkozy estaba dispuesto a ayudar al juez a obtener un puesto en Mónaco a cambio de que influyera en la decisión del Tribunal Supremo sobre el caso de Bettencourt. Y en marzo de 2016, la Justicia validó la mayoría de audios sobre los
que sustenta ahora el caso contra el expresidente.
Sarkozy tiene pendiente otro proceso por la presunta financiación irregular de su campaña a las presidenciales de 2012.
Se trata del llamado «caso Bygmalion», una supuesta trama de falsificación de facturas para ocultar gastos electorales y burlar así los tramites legales. Según la acusación, gastó al menos 42,8 millones de euros frente a los 22,5 millones autorizados..
