Los «chalecos amarillos» vuelven a manifestarse en Francia, en un clima de tensión exacerbada por el temor a que se produzcan nuevas violencias, una posibilidad para la que el gobierno estableció un controvertido arsenal de medidas de seguridad drástico.
Este 19º sábado consecutivo de manifestaciones de los «chalecos amarillos» conlleva altos riesgos para el presidente Emmanuel Macron, determinado a demostrar que su gobierno controla el orden público, una semana después de que se produjeran destrozos y saqueos en la turística avenida de los Campos Elíseos de París.
Para evitar que se repita la caótica situación, el Ejecutivo no escatimó en medidas. Las manifestaciones se prohibieron en los Campos Elíseos y en sus inmediaciones, así como en un perímetro que incluye el palacio del Elíseo y la Asamblea Nacional.
«Existen razones serias para pensar que la violencia y los daños son susceptibles de repetirse» el sábado, afirma la orden del nuevo prefecto de París, Didier Lallement, cuyo predecesor fue destituido tras las escenas del pasado fin de semana.
El texto anuncia también la prohibición de los equipos de protección, de los objetos destinados a disimular el rostro, de armas -incluidas las falsas- y prevé sanciones reforzadas para quien participe en una manifestación no autorizada.
Niza, Burdeos y Toulouse, en el sur del país, escenarios de concentraciones a menudo más multitudinarias que las de París, también recibieron órdenes similares.
La Liga de Derechos Humanos denunció la ordenanza, considerándola «un nuevo y grave ataque a la libertad de manifestación».
Pero la medida más controvertida fue el anuncio de la contribución de las fuerzas armadas en esta jornada de protestas. Los militares de la operación antiterrorista Sentinelle (que cuenta con 7.000 efectivos desplegados por todo el territorio desde los atentados de 2015) están llamados a proteger varios puntos para que los policías y gendarmes puedan dedicarse al mantenimiento del orden.
El anuncio desencadenó una polémica y la oposición denunció una «sobrepuja». Unas declaraciones del viernes del gobernador militar de París aludiendo a la posibilidad de que los soldados «disparen» sirvieron para echar más leña al fuego.
Para calmar la polémica, el presidente Macron, quien había anunciado la movilización de los soldados de Sentinelle, denunció un «falso debate» e insistió en que el ejército no está a cargo del orden público.
Su ministro del Interior, Christophe Castaner, quien fue cuestionado tras las violencias del sábado pasado, prometió «cero impunidad» para los autores de destrozos e instó al nuevo prefecto de policía a aplicar las consignas «sin dudas ni medias tintas».
