«Reafirmo que no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia intentaría perpetuarme en el cargo». Ese es el juramento que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha firmado este martes. «Ya cumplí», ha dicho el mandatario después de presentar una carta de cinco puntos en la que insiste en que se retirará del poder al cumplir su mandato en diciembre de 2024. El Gobierno ha intentado atajar con un compromiso las críticas de la oposición, quien asegura que el presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) busca su reelección a través de la aprobación de una ley de revocación de mandato que preguntará a los mexicanos en 2021 sobre la continuidad del Ejecutivo. «Morena ya ha dado varios pasos para repetir la experiencia de Venezuela, Bolivia o Nicaragua», dijo Marko Cortés, líder del conservador Partido Acción Nacional (PAN), en un vídeo que se difundió tras la aprobación de la iniciativa en la Cámara baja, la semana pasada.
La iniciativa abre la posibilidad de llevar a las urnas la continuidad de López Obrador y reduce los requisitos para celebrar consultas populares. La ley está prevista para votarse esta semana o la próxima en el Senado, donde Morena tiene una mayoría. El punto que ha enfrentado al partido en el Gobierno con la oposición es que el texto propone que la consulta revocatoria se realice el 6 de junio de 2021, el mismo día en que se renovará la Cámara de Diputados, hoy en manos de la mayoría de Morena. Los opositores acusan una «jugada tramposa» para que López Obrador reaparezca en las papeletas en una elección en la que serán votados 500 legisladores. La acusación es que se quiere sacar provecho de la popularidad del presidente e inclinar la balanza para que la coalición de Gobierno mantenga la mayoría. «La revocación de mandato es la antesala para la intromisión del presidente en el proceso electoral de 2021», dijo el líder del PAN en el Senado, Juan Carlos Romero Hicks. «El siguiente paso es la reelección», aseguró María Alemán, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El Gobierno afirma que las críticas no tienen sentido porque la intención es justamente la contraria, que la ciudadanía pueda castigar o dar un voto de confianza a sus gobernantes. López Obrador, quien tiene una aprobación superior al 70% en 100 días de mandato, se enfrenta a una acusación añeja de sus detractores, que lo equiparan con líderes autoritarios como Nicolás Maduro o Daniel Ortega y que hoy utilizan una supuesta intención de reelegirse.
En México, la reelección presidencial es un tabú, y tiene una de las restricciones más estrictas del continente para evitar que el Ejecutivo se mantenga en el cargo. Esa aversión a la reelección tiene una larga raíz histórica, que se remonta al Gobierno de Porfirio Díaz, que se mantuvo en el poder 30 años y cuya perpetuación de poder fue uno de los detonantes de la Revolución mexicana (1910-1921). La oposición advierte de que si el presidente sigue concentrando poder, ya cuenta con la mayoría en ambas Cámaras del Legislativo, esa prohibición podría levantarse.
«Si la Constitución lo prohíbe y el presidente insiste en que él no está a favor de la reelección, entonces es un asunto de pura especulación», afirma en entrevista José Woldenberg, expresidente del Instituto Nacional Electoral y una de las figuras más importantes en la transición democrática del país a finales del siglo pasado. Woldenberg considera que la revocación de mandato puede ser un instrumento efectivo de rendición de cuentas para los ciudadanos, pero no como está planteado.
En su opinión, no debería aplicar para este Gobierno, sino viendo hacia futuro y considerando todos los escenarios políticos posibles de que el Ejecutivo abandone la silla presidencial antes de concluir su mandato. «No se trata de hacer legislaciones como si fueran trajes a la medida del presidente», señala Woldenberg y agrega: «Nadie puede cerrar los ojos de que esta ley tiene una intencionalidad política, se busca un rédito electoral bastante claro».
Para Adrián Lucardi, politólogo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), los reclamos de la oposición hacia una supuesta reelección no parecen estar todavía justificados. «El cálculo es que López Obrador mantenga su popularidad hacia la segunda parte de su mandato y consiga votos en la elección intermedia, pero es un movimiento arriesgado, podría tener un porcentaje que le dé la mayoría en el Congreso y que no le alcance para seguir en el cargo», apunta Lucardi.
Es previsible que el Senado apruebe la revocación de mandato si Morena logra replicar los apoyos del Partido del Trabajo, Encuentro Social y el Partido Verde Ecologista, así como de algunos legisladores del Partido de la Revolución Democrática y del PRI, quienes ya votaron a favor en la Cámara de Diputados. Dentro de las posibilidades, también es probable que la minuta se discuta y sufra modificaciones, ha dicho Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara alta. Fuera del Congreso se libra otra batalla, en la que el primer presidente con mayoría absoluta en 30 años intenta demostrar que no quiere ni buscará seguir en el cargo.
