Como había anunciado desde antes incluso de la aparatosa rebelión que sufrió el jueves en el Senado, el presidente Donald Trump ha recurrido a su derecho de veto sobre la legislación del Congreso, por primera vez en sus dos años de mandato, para mantener viva su declaración de emergencia nacional en la frontera sur, que le permitiría burlar la división de poderes y obtener fondos para levantar su muro con México. Así, el histórico voto de ayer, en el que casi una cuarta parte de los senadores republicanos que conforman la mayoría en la Cámara alta (12 de 53) se alineó con los demócratas, queda convertido en un revés político más que en un obstáculo sustantivo en los planes de Trump.
Los números de ayer no son suficientes para revocar un veto presidencial, que requeriría mayorías de dos tercios en ambas cámaras. Pero es la primera vez que el Congreso vota por bloquear una iniciativa presidencial en uno de los asuntos centrales de su política, el muro fronterizo, pilar esencial sobre el que se levanta el trumpismo. Y la primera verdadera señal de que el presidente, que ha actuado prácticamente libre de control por parte del Congreso durante la primera mitad de su mandato, deberá cuidar más sus pasos en esta nueva realidad política, marcada por una mayoría demócrata en la Cámara baja dispuesta a poner a prueba a los senadores republicanos más moderados en cada ocasión en que Trump se extralimite.
«Hoy veto esta resolución. El Congreso tiene la libertad de aprobar esta resolución y yo tengo el deber de vetarla», ha dicho el presidente en el Despacho Oval, a las cuatro de la tarde (hora de Washington), rodeado por el vicepresidente, miembros de su Gabinete, agentes de seguridad y padres de niños asesinados por inmigrantes irregulares.
El peso de la lucha contra la declaración de emergencia de Trump, controvertido mecanismo al que recurrió el 15 de febrero para poder financiar su muro sin el concurso del Congreso, que se niega a aprobar los miles de millones que pide para hacerlo, se traslada ahora a los tribunales. El rechazo en ambas cámaras llenará de viento las velas de las demandas judiciales contra una declaración de emergencia que, para los críticos, constituye una violación flagrante del principio de separación de poderes consagrado en la Constitución. El pasado 18 de febrero, una coalición de 16 Estados liderados por California y Nueva York registró en un tribunal federal de San Francisco una demanda para tratar de frenar la medida.
La declaración de emergencia se mantiene, pues, en efecto. Pero la lucha en los tribunales, que retrasa aspectos de su implementación, puede ser larga. Y los congresistas demócratas ya han señalado que su batalla no acaba aquí: que seguirán forzando votaciones en el Congreso para tratar de tumbar la declaración de emergencia, algo que interpretan que la ley les permite hacer cada cierto tiempo.
El veto de Trump no ha sido, ni mucho menos, una sorpresa. Llevaba amenazando con ello desde el miércoles. Minutos después de conocerse el resultado de la votación del jueves, lanzó un escueto e inequívoco tuit: «¡VETO!». Media hora después, desarrollaba la idea en otro mensaje en la misma red social: «Estoy ansioso por VETAR la recién aprobada resolución inspirada por los demócratas que ABRIRÍA LAS FRONTERAS e incrementaría el crimen, las drogas y el mercado negro en nuestro país. ¡Agradezco a todos los republicanos fuertes que han votado por apoyar la seguridad fronteriza y el MURO que necesitamos desesperadamente!».
Trump reclama miles de millones de dólares para construir un muro en la frontera con México, su principal promesa electoral y la machacona consigna que corean en sus mítines sus seguidores. El Congreso, de mayoría demócrata en la Cámara baja tras las legislativas de noviembre, se negó a aprobar ese gasto para una medida que muchos consideran, cuando menos, ineficiente y cara. El desacuerdo llevó a un cierre parcial de la Administración durante 35 días, el más largo de la historia del país. Trump reculó, pero después firmó una declaración de emergencia nacional para poder desviar dinero de otros programas federales, esquivando al Congreso, y así levantar el muro que dice necesario para frenar un supuesto flujo incontrolado de inmigrantes ilegales, drogas y criminales.
La realidad es que el número de inmigrantes ilegales detenidos en la frontera está en sus niveles más bajos en cuatro décadas. Lo que sí hay es una saturación en los centros de detención fronterizos, a la que han contribuido algunas políticas de la Administración Trump que complican las solicitudes de asilo: sucede que el perfil típico de los inmigrantes que cruzan la frontera ha pasado de individuos solos procedentes de México a familias enteras de origen centroamericano que solicitan asilo. Los índices de criminalidad de los inmigrantes irregulares no son mayores que los de los nacionales. Y respecto al tráfico de drogas, la inmensa mayoría de los estupefacientes ilegales entra al país oculta por los puestos de control fronterizos o mediante otros mecanismos, como túneles excavados entre México y Estados Unidos. De poco serviría el muro de Trump para impedirlo.
