Amnistía Internacional (AI) denunció violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua con conocimiento de las «más altas autoridades del Estado, entre ellas el presidente y la vicepresidenta» -Daniel Ortega y Rosario Murillo-, y también, en muchas ocasiones, «bajo su orden y control». Sostuvo que el régimen utilizó «armas de guerra» para asesinar a manifestantes.
Consta así en el informe «Sembrando el terror», presentado este jueves en Madrid y que documenta 25 casos de violaciones de derechos humanos ocurridas ente el 30 de mayo y el 18 de septiembre pasados: personas muertas, privadas de libertad o presuntamente torturadas.
Organizaciones humanitarias nacionales e internacionales estiman entre 322 y 512 personas muertas durante las protestas ciudadanas contra Ortega, que comenzaron el 18 de abril debido a unas reformas de la seguridad social, luego anuladas.
El Gobierno de Managua, por su parte, reduce la cifra de víctimas mortales a 119, denuncia un intento de golpe de Estado y niega las acusaciones de violaciones de derechos humanos.
«El Estado nicaragüense mantuvo un discurso criminalizador, en el que denominó ‘terrorista’ o ‘golpista’ a toda persona que se manifestara en contra del Gobierno, con el fin de justificar sus acciones violentas», argumenta Amnistía Internacional en el estudio, el segundo que elabora sobre la crisis nicaragüense.
a directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas, comentó en rueda de prensa el «incremento de la represión violenta por el Estado», con uso de la fuerza «excesivo y muchas veces letal» por «grupos armados progubernamentales» coordinados con la Policía, y pidió que los responsables sean llevados ante la Justicia.
El estudio también denuncia el empleo de «armas de tipo militar» para «reprimir» las protestas y añade que el Estado usó la «tortura».
