Lo que hoy lo que para muchos se ve como un negocio a futuro, para Pablo Escobar hace 30 años era una realidad. Escobar fue el pionero de una industria de millones de dólares que en ese entonces fue combatida por gobiernos, no porque era perjudicial para la sociedad como lo hicieron pensar en esa época, sino porque no estaba bajo el control de los estados.
Los tiempos cambian y las legislaciones también, pero para llegar a ese cambio fueron muchos los muertos que han puesto países como Colombia, Perú, Bolivia y México, este ultimo vive una guerra de carteles sin cuartel en la actualidad.
“Alguien tiene que ser el primero”, le dijo José Mujica al diario O Globo de Brasil en junio de 2012, en medio de la Cumbre Río +20, en la que el entonces presidente uruguayo dio a conocer al mundo su propuesta de legalizar la marihuana. Un año y medio después, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en regular desde el cultivo hasta la comercialización. El impulso a la legalización en América Latina se puso en marcha.
Casi cinco años antes, en 2009, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia había lanzado un grito de desesperanza ante el fracaso de la guerra contra el narcotráfico. Así lo plantearon los expresidentes y creadores de esa Comisión Ernesto Zedillo, de México; Fernando Henrique Cardozo, de Brasil, y César Gaviria, de Colombia. A partir de ese momento, su reclamo se hizo global.
Bastó una mirada al contexto del momento para que el fracaso de esa lucha en la región se hiciera evidente. Entre Colombia, Perú y Bolivia producían la totalidad de la oferta mundial de cocaína. Mientras el consumo se estabilizaba en Estados Unidos y en Europa, en América Latina continuaba expandiéndose.
A este colapso se llegó luego de que los países latinoamericanos manifestaron por décadas su irrestricto apoyo a la “guerra contra el narcotráfico”, que fue promovida desde la administración de Richard Nixon en Estados Unidos, a inicios de los años 70. Desde esa época se propagó por América Latina un enfoque represivo y prohibicionista que tuvo su auge en los años 90.
De acuerdo con un informe del Colectivo de Estudios, Drogas y Derecho (CEDD) y el centro de estudios Dejusticia, en esa década se desplegó en la región un conjunto de legislaciones para reforzar la visión punitiva del problema de las drogas. En Brasil, por ejemplo, una ley de 1990 consideró los delitos relacionados con drogas como “crímenes hediondos”. Situación similar vivieron países como Argentina, Costa Rica y Ecuador. Este último contó con las penas más duras para el tráfico y la tenencia de estupefacientes.
Un caso particular representó Colombia, pues en medio de esta oleada de legislaciones hacia la represión en los países vecinos, en junio de 1994 un fallo de la Corte Constitucional despenalizó el porte y consumo de dosis mínimas de marihuana y cocaína. La decisión fue pionera en la región en la adopción de medidas alternativas para combatir el problema de las drogas.
En los primeros años del siglo XXI, cuando se abrieron camino varios gobiernos progresistas en América Latina, encabezados por Lula Da Silva, Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Evo Morales o Rafael Correa, a pesar de que se reorientaron diversas políticas públicas en sus países, no fue así con el problema de las drogas. Por el contrario, otro informe del CEDD concluyó que el enfoque represivo y prohibicionista se perpetuó en la región. La cárcel siguió siendo la primera respuesta a los delitos relacionados con estupefacientes.
Hoy existe consenso frente a uno de los efectos que más produce la política de drogas con enfoque represivo y prohibicionista: el impacto en términos de hacinamiento carcelario. En todo el continente, en promedio, los delitos de drogas constituyen la tercera causa por la que más se encarcela a la población. De acuerdo con el CEDD, en los países latinoamericanos en los que imperó el enfoque represivo antidrogas, la población encarcelada por delitos relacionados con el tema se incrementó considerablemente frente a la población carcelaria en general en el período 2000-2015.
Brasil y Colombia son los casos que representan los aumentos más drásticos: en el primero, el porcentaje de encarcelados por drogas se incrementó en un 267 %, frente al 51 % de aumento en la población carcelaria; y en el segundo, aumentó en 289 % frente al 141 % de crecimiento de esta población en general.
Los efectos limitados de las políticas represivas para mitigar el problema de las drogas y lo costoso de mantener esta lucha fueron las principales razones para el anuncio categórico de la Comisión Latinoamericana en 2009 sobre el fracaso de esta batalla. Por eso, la decisión adoptada por José Mujica en Uruguay, cuatro años después, constituyó el inicio de un cambio de paradigma. Uruguay asumió la regulación completa de la marihuana y así abrió el camino para que otros países al menos pusieran el tema sobre la mesa.
En la actualidad, el cambio en la orientación hacia políticas menos represivas y el peso mayor en el enfoque de salud pública es palpable en países como Ecuador, Argentina o México, cuyas políticas predominantes fueron prohibicionistas. En tales naciones se ha generado consenso en torno al consumo y porte personal como un derecho que atañe únicamente a la esfera individual del ciudadano. De forma simultánea, los usos medicinales y terapéuticos del cannabis ya se permiten en Chile y Paraguay, entre otros.
En síntesis, frente al panorama regional en materia de drogas, el decreto anunciado por el presidente colombiano Iván Duque, otorgando facultades a la Policía para decomisar cualquier cantidad de dosis de droga y alucinógenos en Colombia, va en contravía de la tendencia.
Cuando a Mujica, en los años en los que acaparó portadas en el mundo, le preguntaron por qué legalizar la marihuana, respondió: “Se trata de robarle el mercado al narcotráfico como mejor manera de combatirlo. La otra vía es: encontramos un cargamento, otro cargamento, otro más y ganamos un montón de batallas, pero él nos gana la guerra”.
