Organizaciones civiles denunciaron hoy ante la CIDH que el Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos favorece un clima de «impunidad» ante las violaciones de derechos humanos, en particular a través de la reforma al Fuero Militar y la «insuficiente» investigación de las ejecuciones extrajudiciales.
En dos audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las organizaciones criticaron la reforma para la nueva Justicia Penal Militar aprobada en el Congreso y promulgada por Santos en diciembre pasado, y su «fuerte incidencia sobre las investigaciones de ejecuciones extrajudiciales».
«Si al Gobierno anterior podríamos caracterizarlo como la era de las ejecuciones extrajudiciales, estamos preocupados porque el de Santos es el de la impunidad de las grandes violaciones de derechos humanos», señaló la abogada Liliana Uribe, de la Corporación Jurídica Libertad.
Iomara Ortegón, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, aseguró que la reforma permite que la Justicia Penal Militar se encargue de «crímenes de guerra» y «conductas como la detención arbitraria, tratos crueles, y otros atentados contra la integridad personal».
«La Comisión debe prestar atención, pues en Colombia se está dando un cambio, ya no hacia la protección de civiles sino hacia una interpretación torcida del DIH (Derecho Internacional Humanitario), para conseguir que otorgue facultades para la guerra», indicó Ortegón.
La reforma permite que la Justicia Penal Militar revise los casos en que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado cometan en actos de servicio faltas como un uso desproporcionado de la fuerza en relación al objetivo, un mal diseño de un operativo en una zona en la que se ponga en riesgo a la sociedad civil o un trato inhumano hacia personas que no participan en la contienda.
El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Andrés González, negó que los tribunales militares puedan examinar los casos de violaciones sexuales o torturas, porque éstos no están «relacionados con el servicio».
«Habrá cero impunidad, y cero violaciones a los derechos humanos», aseguró González.
El viceministro de Justicia de Colombia, Miguel Samper, añadió que la voluntad del nuevo modelo es «garantizar más justicia para un mayor número de víctimas», y que su objetivo es que los futuros acuerdos que puedan alcanzarse en la negociación con los grupos armados «encajen armónicamente» con el marco legal del país.
«Esto responde a una estrategia investigativa que a lo que tiende, precisamente, es a la reducción de la impunidad, al desentrañar los patrones criminales», aseveró Samper.
En una segunda audiencia, los peticionarios denunciaron que desde que Santos llegó al poder, en agosto de 2010, los funcionarios públicos del país han cometido 85 ejecuciones extrajudiciales, 25 de ellas en 2012, según un estudio de la Mesa de Trabajo sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU).
Liliana Uribe aseguró que en los archivos de la Fiscalía colombiana «no hay investigaciones a los altos mandos de militares» por su supuesta implicación en los llamados «falsos positivos».
Por tanto, solicitaron que la CIDH incluya un análisis sobre el asunto en el informe que tiene pendiente publicar sobre la visita que los comisionados hicieron en pleno a Colombia el pasado diciembre.
Al respecto, el director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de Colombia, Carlos Gómez, coincidió en que las ejecuciones extrajudiciales constituyen «graves violaciones» y aseguró que el Gobierno tiene actualmente 708 casos de ese tipo en etapa de investigación formal y 52 en etapa de juicio.
Washington, mar (EFE).-
