Activistas de derechos humanos pidieron hoy a la Fiscalía de El Salvador retomar la investigación de los casos de violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil que sacudió al país entre 1980 y 1992, con base en un informe de la Comisión de la Verdad presentado hace dos décadas.
El informe de la Comisión de la Verdad fue presentado el 15 de marzo de 1993 y contienen datos sobre diversos casos de crímenes durante la guerra civil, como el asesinato del arzobispo de San Salvador Óscar Arnulfo Romero el 24 de marzo de 1980, y la masacre de seis jesuitas y dos colaboradoras el 16 de noviembre de 1989.
«El informe de la Comisión de la Verdad (…) está dando principios de prueba para que cualquier funcionario pueda seriamente investigar» y llevar a juicio a los responsables, afirmó hoy María Silvia Guillén, directora ejecutiva de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
En una rueda de prensa, Guillén resaltó que las «violaciones graves de derechos humanos» no prescriben, por lo que hizo un llamamiento «vehemente al nuevo fiscal de la República», Luis Martínez, para que «tome ese informe (…) como una noticia criminis» y comience «a investigar seriamente».
La Comisión de la Verdad fue creada en virtud de los Acuerdos de Paz firmados el 16 de enero de 1992 que pusieron fin a 12 años de conflicto armado, y fue presidida por el exgobenante de Colombia Belisario Betancourt.
Por su parte Benjamín Cuellar, director del Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), indicó que con la aprobación de la Ley de Amnistía, el 20 de marzo de 1993, se «quiso ocultar el informe de Comisión de la Verdad», pero que ese documento aún sigue vigente.
La Ley de amnistía protege a los que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la guerra, tanto del lado del Ejército como de las fuerzas guerrilleras, y fomenta la impunidad, por lo que en los próximos días se presentará un recurso de inconstitucionalidad para su anulación, anunció Cuellar.
El activista destacó que tras el fin del conflicto armado, El Salvador «sigue siendo el mismo (país) excluyente, violento (…) que obliga a la gente» a buscar justicia afuera, «en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos».
La guerra civil en El Salvador dejó 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y 12.000 lisiados, según datos oficiales.
San Salvador, mar (EFE).-
