Tras el encuentro celebrado en Turbaco, Bolívar,el nuevo movimiento político pidió al presidente Santos ejercer potestades constitucionales extraordinarias para hacer respetar los acuerdos.
No son nuevas las inconformidades que la Farc han expresado por cuenta de la implementación de los acuerdos de paz. En diferentes escenarios, miembros del nuevo partido político han pedido al presidente Santos y, en general a todas las instituciones del Estado, cumplir con lo pactado en La Habana y ejecutar lo prometido.
Este jueves, tras el encuentro con los expresidentes del Gobierno español Felipe González, y de Uruguay, José Mujica, que tenía como objetivo evaluar los avances del acuerdo de paz, la Farc volvió a insistir en sus quejas. Sin embargo, por primera vez hablaron de recurrir al Tribunal Internacional de Justicia para hacer cumplir lo firmado.
“Entendemos que el Estado, respecto al cumplimiento de lo acordado, ha adquirido unas obligaciones internacionales que no puede ignorar. Por nuestra parte solicitaremos al Consejo de Seguridad en Nueva York elevar una consulta al Tribunal Internacional de Justicia sobre los deberes que adquiere un Estado frente a una declaración unilateral de cumplimiento, respecto a un acuerdo de paz. Igualmente procederemos, como parte, a consultar a la oficina Jurídica del CICR en Ginebra los compromisos que vinculan a un Estado que firma un Acuerdo Especial, como el que busca la terminación del conflicto colombiano”.
En el comunicado emitido después del encuentro que se celebró en Turbaco, la Farc recordaron que en el punto 6.1.8. de la implementación del Acuerdo Final, las partes se comprometieron a que el documento que resultara de la negociación “sería firmado como un Acuerdo Especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra y depositado tras su firma ante el Consejo Federal Suizo en Berna (…) A continuación, por el presidente de la República se efectuará una declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas comunicando dicho Acuerdo Final y solicitando la incorporación del mismo a un documento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los términos establecidos en el Acuerdo de fecha 7 de noviembre de 2016”.
Para la Farc, lo firmado en La Habana, está blindado internacionalmente y ahora, de acuerdo al comunicado, el nuevo movimiento político estaría buscando un concepto de los juzgados internacionales sobre la actitud del Estado con relación a los incumplimientos que señalan.
Para hacer cumplir lo pactado, la Farc no solo está dispuesta a convertir el tema en un elemento de la agenda política internacional. Internamente, el partido político pidió al presidente Juan Manuel Santos utilizar facultades extraordinarias para hacer cumplir lo pactado en La Habana.
“Todavía hay tiempo para optar y ejercer potestades constitucionales extraordinarias para momentos de emergencia. Aplicarlas no es abuso de poder sino una obligación del Estado, siempre que estas vayan ajustadas al espíritu de lo pactado. El Gobierno tiene el deber de defender el Acuerdo de Paz en sus aspectos básicos. Es decir, el Gobierno debe hacer respetar la obligación del Estado de cumplir con lo acordado en La Habana. Las competencias para establecer Acuerdos de Paz y firmarlos se reservan en la Constitución al Presidente, quien únicamente tiene que dar cuenta de ellos al Congreso. Sin embargo, el Presidente ha obviado la utilización de sus facultades para alcanzar acuerdos de paz en orden al respeto y la correcta implementación de lo acordado.
Dentro de esta perspectiva, se puede aun salvar lo fundamental de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP debe mantenerse como jurisdicción para todos los actores del conflicto, sin diferencias odiosas ni rangos de clases, porque esta nunca fue concebida exclusivamente para enjuiciar a las Farc”.
Los líderes de la antigua guerrilla, hicieron referencia a los tropiezos que han tenido los trámites deribados del acuerdo en su paso por el Congreso de la República,
«Ni los legisladores, ni los poderes institucionales pueden soslayar que el Acuerdo de paz de La Habana ya fue refrendado por el Congreso de la República, y que fue investido de constitucionalidad por la Corte Constitucional, por lo tanto no puede ser modificado a rajatabla, antojo y capricho del Fiscal, de un grupo de parlamentarios, o por conceptos contradictorios de la misma Corte. Los acuerdos son para cumplirlos».
Para la Farc, uno de los culpables de la inestabilidad jurídica y política de los acuerdos, es la propia Corte Constitucional. Según dicen, «contrariando su propia jurisprudencia, abrió la compuerta para que todo el mundo le metiera la mano, lanzándolo así al foso de los depredadores para que lo hicieran trizas. En materia tan elevada debió prevalecer la coordinación armónica de los poderes para asegurar la paz y no su autonomía para cambiar arbitrariamente, para asombro del mudo, la geografía de lo pactado».
