El presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirmó a los medios, que el proyecto que creaba 16 curules especiales de paz para las víctimas del conflicto armado había pasado a mejor vida. En otras palabras, que la iniciativa había quedado archivada, tal y como lo anunció el secretario general de la corporación, Gregorio Eljach, en la sesión del pasado jueves 30 de noviembre y que, en ese sentido, no había lugar para admitir las interpretaciones jurídicas que sobre la votación arguyó el Gobierno para no asumir su evidente derrota.
Fueron varios los argumentos a los que acudió Cepeda para explicar el motivo de su decisión. En primer lugar, señaló que ni el ministro del Interior, Guillermo Rivera, ni el senador de la U Roy Barreras acudieron a la figura que, para él, era la apropiada si se quería controvertir la votación que dio por hundido el proyecto: el recurso de apelación y no un derecho de petición que, por cierto, se hizo de manera extemporánea.
“Mi claro compromiso con este proceso no me puede llevar a desconocer lo sucedido en la corporación, la cual terminó sin que se hubiesen formulado inmediatamente reparos que en su oportunidad procedían, menos aún, teniendo en cuenta que en esa misma fecha expiró el plazo de vigencia del procedimiento legislativo especial para la paz”, indicó.
El lío alrededor de la conformación del quórum y de las mayorías, cuya batalla jurídica la planteó el Gobierno desde el mismo jueves, tampoco fue admitido por el presidente del Congreso. Para él, dichos conceptos deben aplicarse basados en los 102 senadores que tiene legalmente la plenaria, a pesar de que tres de ellos (Martín Morales, Musa Besaile y Bernardo Ñoño Elías, todos de la U) se encuentran tras las rejas con el agravante político de que sobre ellos pesa la figura de la silla vacía.
“Se entiende por mayoría absoluta la decisión adoptada por la mayoría de los votos de los integrantes, que para este caso sería la mayoría de 102 senadores”, añadió Cepeda, tras explicar que la modificación de la Constitución debe ceñirse a una rigidez superior en ese punto, dado que no se está modificando cualquier ley ordinaria. “Su reforma exige procedimientos especiales agravados, en especial en dos aspectos: mayorías más estrictas y procesos de aprobación más largos”.
legislativo o fast track, bajo el cual se tramitaron otras leyes para implementar los acuerdos sin modificar las reglas del juego. “Ese racero no fue objeto de ningún tipo de cuestionamiento por parte del Gobierno ni de los miembros del Congreso”. Sin embargo, este nuevo golpe a los Acuerdos de Paz lo único que prometen es un sinfín de discusiones en el campo legal que, poco a poco, van restando legitimidad a la principal bandera de un Gobierno que prometió defender los sacrificios que le valieron al presidente Juan Manuel Santos su galardón como Nobel de Paz.
¿Qué ocurrirá? Lo anunciado: en primer lugar, se avecina una lluvia de tutelas que ya comenzaron a radicarse ante las autoridades judiciales. Las víctimas de crímenes de Estado, con el respaldo de 25 organizaciones de sociales y de derechos humanos, ya presentaron una que va en contra del mismo presidente del Senado, para exigirle que envíe al jefe de Estado el proyecto y que éste, a su vez, proceda a promulgarlo. Entretanto, anoche mismo, en una declaración pública, el presidente Santos insistió en que “la aritmética es exacta”, que “el secretario del Senado se equivocó” y que “vamos a continuar peleando para que ese proyecto sea aprobado, por las víctimas y porque fue uno de los compromisos que hicimos en la mesa de negociaciones”.
Todo apunta a que hoy mismo se radicará ante el Tribunal de Cundinamarca una acción de cumplimiento que exija poner en marcha los elementos necesarios para que se elijan 16 circunscripciones de paz adicionales en la Cámara de Representantes y una acción de nulidad ante el Consejo de Estado en contra del acta en la que quedará consignado el resultado de la votación de la semana pasada, que fue de 50 votos a favor y 7 en contra. Pero sigue existiendo un lío enorme que, como todo lo que implicó esta atropellada implementación, significará un riesgo si se quieren revivir las circunscripciones de paz: el tiempo.
La razón es evidente, y es que el próximo lunes 11 de diciembre vence el plazo para la inscripción de listas al Congreso. Proceso al que también deberían acogerse las víctimas que, se suponía, se iban a beneficiar de dichas curules. Por eso, en el documento que envíe el Gobierno a las autoridades judiciales solicitará ampliar el plazo de inscripción “para que las víctimas puedan participar del debate electoral de 2018”, como dijo el ministro Rivera. ¿Será que los jueces y magistrados que tengan a cargo esta decisión lograrán sacarla adelante antes que arranque la vacancia judicial, que comienza el 18 de este mes?
A este paso, pareciera cobrar mayor fuerza el rumor que en cada crisis alrededor del Acuerdo de Paz cobra vigencia y retumba entre quienes quieren defender lo pactado a como dé lugar: “Presidente, en nombre del Acuerdo del Teatro Colón y del compromiso del Estado con las víctimas, le solicito proveer esas 16 curules con la mesa de víctimas por vía de excepción”, le propuso el senador Barreras a Santos. O sea, que declare el Estado de Conmoción. Resta esperar si esté dispuesto a arriesgar el poco capital político que le queda para aventarse por este camino o si, por el contrario, acoge la sugerencia que le hizo Efraín Cepeda: buscar una “fórmula jurídica concertada justa, integral y expedita” para permitir que las 8’581.339 víctimas del conflicto tengan representación en el Congreso.
