El estatal Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) de Paraguay acusó hoy a varios diputados de partidos de la oposición de hacer «apología del delito» e incitar a los campesinos a ocupar las tierras del distrito de Guahory, de donde fueron desalojados el pasado septiembre.
El Indert acusó a varios diputados y senadores de los partidos opositores Partido Liberal, Partido Democrático Progresista y Frente Guasú de instigar a los campesinos a «violar las leyes de la República, invadiendo propiedades privadas, buscando generar así un ambiente de inestabilidad social y política en el país».
Además, responsabilizó a los legisladores de «cualquier acto de violencia que derive en situaciones que tengamos que lamentar», según un comunicado firmado por el presidente del Indert, Justo Cárdenas.
También acusó a los dirigentes políticos de desconocer tanto las propuestas de solución «inmediatas y legales» ofrecidas por el Estado a los campesinos, como los antecedentes históricos del caso.
Según la versión del Indert, las tierras fueron cedidas a colonos brasileños en virtud de una ley, derogada en el año 2002, que concedía tierras públicas a cualquier ciudadano que las solicitara para la explotación agrícola, fuera paraguayo o extranjero.
El ente estatal sostiene además que las tierras de los colonos fueron invadidas hace alrededor de dos años por los campesinos desalojados en septiembre.
Sin embargo, los pobladores aseguran que residen en la zona desde hace más de 30 años, que las tierras pertenecen al Estado, y que los invasores del terreno son los empresarios brasileños, que según ellos permanecen en el lugar ostentando títulos de propiedad irregulares.
El Indert afirmó que está negociando «salidas sociales inmediatas» para los campesinos de Guahory, entre las que se encuentra la recuperación de 40 lotes de tierras estatales para asentar a las familias más necesitadas.
Además, estudia la compra de 1.300 hectáreas de terreno para las familias restantes, y la creación de una «colonia modelo» para los campesinos, en la que cuenten con vivienda, agua, luz, caminos, escuelas, centro de salud y asistencia crediticia y técnica para una producción agrícola sustentable.
Por su parte, representantes de la Comisión Vecinal de Guahory piden la anulación de los títulos de propiedad otorgados a los colonos brasileños por una ley ahora derogada, y algunas familias campesinas volvieron a establecerse en la zona esta semana.
Las familias campesinas de la colonia Guahory fueron desalojadas por más de 1.500 policías en un procedimiento que se realizó sin ninguna orden judicial y violó derechos humanos como la vivienda, alimentación, agua y seguridad, según la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).
El presidente del Congreso paraguayo, Robert Acevedo, denunció junto a cinco senadores opositores el presunto «uso desproporcionado de la fuerza» y la comisión de otros delitos en el desalojo de Guahory, y pidió al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, que abra una investigación sobre el caso.
Por su parte, la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (Peicc) solicitó en noviembre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que imponga medidas cautelares para que los campesinos desalojados puedan quedarse en las tierras mientras se resuelve el conflicto jurídico por la propiedad de las fincas.
Paraguay es el país con la distribución de tierras más desigual del mundo, donde el 90 % de la tierra se encuentra en manos del 5 % de los propietarios, mientras que el restante 10 % de terreno se reparte entre el 95 % de los propietarios, según la ONG Oxfam.
Asunción, 3 dic (EFE).-
