El anuncio del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de que ha aceptado ser el candidato del gobernante Partido Nacional para las elecciones generales de 2017, ha generado diversas reacciones, algunas violentas en contra de su decisión.
Hernández dijo que aceptó la propuesta hecha por dos corrientes del Partido Nacional y que eso «es una responsabilidad» que conlleva el compromiso de seguir impulsando una serie de cambios que su Gobierno ha comenzado, que «no han sido fáciles, pero que se nota que vamos iniciando a transitar por el camino bueno».
Recalcó que se comprometía «a aspirar a solo un período de Gobierno, porque creo que así debe ser».
El presidente insistió, al menos hasta el 8 de noviembre, en que a él lo dejaran trabajar por el pueblo hondureño y que llegaría el momento de hablar de política y sobre la reelección.
Algunos sectores le daban el beneficio de la duda y abogaban porque rechazara la reelección, lo que la actual Constitución de Honduras no lo permite bajo ninguna modalidad, aunque un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2015 dejó abierta la posibilidad.
Para la oposición política, el fallo del poder judicial también es ilegal, porque el único que puede decidir si se reforma la Constitución es el pueblo mediante un plebiscito, iniciativa que en ese sentido el Parlamento rechazó el año pasado.
El mismo día que Hernández anunció que aceptaba ser el candidato, el pasado 9 de noviembre, surgieron manifestaciones de rechazo, incluso en una corriente de su propio partido, encabezada por Roberto Ramón Castillo.
Castillo lidera el Movimiento Nacionalista Rafael Callejas (Monarca), cuyo fundador, quien es su primo, enfrenta juicio en Estados Unidos por un escándalo de corrupción ligado a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).
El Monarca fue fundado por Rafael Callejas, presidente de Honduras entre 1990 y 1994, y quien antes de que trascendiera el escándalo de la FIFA venía trabajando en busca de la reelección, para lo que reactivó su movimiento interno en el Partido Nacional, pese a que su Gobierno también fue salpicado por la corrupción.
El expresidente Manuel Zelaya (2006-2099), derrocado el 28 de junio de 2009 cuando promovía reformas constitucionales orientadas a la reelección presidencial, reaccionó ante el anuncio de Hernández diciendo que «no tiene ningún derecho de reelegirse».
Zelaya, quien llegó al poder arropado con la bandera del centenario y conservador Partido Liberal, que ahora es la segunda fuerza de oposición, es coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), surgido tras el golpe de Estado de 2009.
El exgobernante Zelaya, quien además es jefe de bancada ante el Parlamento por Libre, considera que la oposición unida no permitirá la reelección de Hernández, quien ganó las elecciones de 2013.
Entonces, Hernández se impuso a la candidata presidencial de Libre, Xiomara Castro (esposa de Zelaya), quien el viernes fue propuesta por cinco de las nueve corrientes internas de su partido para que vuelva a ser la candidata en los comicios de 2017.
Zelaya, quien antes había dicho que si Hernández buscaba la reelección presidencial él también lo haría porque es «el único» que puede derrotarlo en las urnas, al parecer ha cambiado de opinión y ahora dice que la candidata de Libre será su esposa.
Además, Zelaya insiste en un plebiscito para decidir si se reforma la Constitución y permitir la reelección presidencial.
Para el presidente del Partido Anticorrupción (PAC), Salvador Nasralla, Hernández ha quedado «automáticamente descalificado como presidente de Honduras» y ha dejado de reconocerlo como tal.
El centenario Partido Liberal, al que Libre relegó a segunda fuerza de oposición, también ha anunciado unirse para oponerse a la reelección de Juan Orlando Hernández, mientras que uno de sus aspirantes a la candidatura presidencial ha expresado que si es preciso, hay que llegar hasta la «insurrección».
Según analistas, el tema de la reelección puede desembocar en una nueva crisis política, violenta, similar a la de 2009.
Tras el anuncio de Hernández de buscar ser candidato para las elecciones de 2017, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Toner, dijo que «en general, las reglas del proceso democrático, como los límites a los mandatos, no deberían modificarse para el beneficio inmediato de quien está en el poder».
El presidente Hernández respondió al comentario de Toner que sería «gravísimo» que Washington se prestara para «atentar» contra los procesos electorales de Honduras.
Por su parte, el embajador de EE.UU., James Nealon, reaccionó tras lo dicho por Hernández y dijo que su país «no se opone a que el presidente Hernández u otros se presenten a la reelección de acuerdo a los procesos democráticos de Honduras».
El ambiente político pareciera calentarse, con amenazas de violencia en Honduras, donde la democracia, a la que el país retornó en 1980, sigue siendo frágil, de lo que se han encargado, no de ahora, los mismos políticos, violando sus leyes o acomodándolas a su conveniencia.
Germán Reyes
Tegucigalpa, 13 nov (EFE).-
