El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca (2009-2014) deberá enfrentar una investigación judicial por supuestamente malversar 246 millones de dólares encerrado en los calabozos de la Policía y con todos sus bienes embargados, según decretó hoy la jueza del caso.
«Se tienen acreditados los delitos imputados, por lo que el proceso pasa a la siguiente fase (instrucción) con la medida cautelar de la detención provisional» y el «embargo general de bienes muebles e inmuebles», decretó Nelly Pozas, jueza cuarta de Paz.
Tras los intensos debates entre los fiscales y la defensa de Saca y 6 de sus colaboradores entre jueves y viernes, Pozas impuso las medidas cerca de las 09.00 hora local (15.00 GMT) de este sábado en el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador.
Según la letrada, las razones que expusieron los abogados defensores para pedir la libertad de los procesados «no son suficientes» porque «las penas que se van a imponer son bastante grandes», más de 30 años, como para que los procesados intenten huir.
«Los imputados tienen las condiciones económicas necesarias como para evadir la justicia», acotó.
Este viernes, el exmandatario Saca solicitó a la jueza la libertad condicional para poder preparar su defensa, buscar los documentos que respalden su «inocencia» y por razones de salud.
«Hace un año estuve en cuidados intensivos y necesito constantemente ver a los médicos por dos dolencias complicadas y graves», dijo Saca al momento del uso de la «última palabra».
Sobre la imposición del embargo «general» y «preventivo» de los bienes «a nombre de cada acusado», Pozas aseguró que es «necesaria, adecuada y proporcional», pese a ser «atípica».
La medida «es para que se tenga la certeza de que no se sustraigan bienes mientras dure este proceso» y que «al final se tengan los suficientes bienes para responder por las responsabilidades», añadió.
El exmandatario y sus 6 colaboradores fueron enviados nuevamente a la División Antinarcóticos de la Policía en San Salvador, donde deberán esperar a que comience la siguiente etapa en el Juzgado Cuarto de Instrucción de la capital.
La jueza autorizó que los imputados reciban la visita de sus familiares «más allegados», de sus médicos y que puedan realizar actividad física en el recinto por sus condiciones de salud.
El próximo jueves, la defensa recibirá la copia de la resolución para que inicie el plazo para que puedan interponer las apelaciones que vean necesarias.
Los defensores de los acusados aseguraron a la prensa, tras la lectura de la resolución, que apelarán la decisión de la jueza de Paz, porque «carece de fundamentación y ha sido calcada de lo expuso la Fiscalía durante la audiencia».
«Vamos a apelar porque, lógicamente, no estamos satisfechos con la decisión de la jueza porque perjudica los intereses de cada de uno de los representados (…) consideramos que en términos generales la resolución carece de fundamentación, prácticamente en todos los puntos», detalló la abogada Tania Pastor.
Saca, sus exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, afrontarán la etapa de instrucción por los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero cometidos al supuestamente malversar 246 millones de dólares.
A ellos se suman Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, «colaboradores directos del expresidente Elías Antonio Saca», aún empleados de la Presidencia, todos capturados el pasado domingo.
Según el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, Saca y los implicados operaban una estructura al interior de la Presidencia que movió los 246 millones de dólares a 14 cuentas personales de los funcionarios Charlaix, Francisco Rodríguez y Pablo Gómez, de las que posteriormente retiraron 116 millones de dólares «en efectivo», de los que lavaron 6 millones.
El expresidente llegó al Gobierno bajo la bandera del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de donde fue expulsado en 2010 para posteriormente presentarse a las elecciones presidenciales del 2014 con Unidad, una coalición de partidos de la derecha.
El partido ARENA también está salpicado por este caso, porque, según la Fiscalía, recibió un cheque por 400.000 dólares de los fondos supuestamente malversados.
Lo mismo ocurrió con el caso del difunto expresidente Francisco Flores (1999-2004), quien fue acusado de apropiarse de 5 millones de dólares y desviar otros 10 a una cuenta de ARENA, provenientes de donaciones taiwanesas.
Además de Saca y Flores, el exmandatario del gobernante e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Mauricio Funes (2009-2014) afronta un proceso civil por el enriquecimiento ilícito en más de 700.000 dólares, pero está asilado en Nicaragua desde mediados de este año.
San Salvador, 5 nov (EFE).-
