La reforma migratoria de 1986, que abrió las puertas a la ciudadanía a millones de indocumentados, celebra su trigésimo aniversario durante una campaña electoral sobre la que levita la amenaza de deportación de millones de inmigrantes en caso de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca.
El 6 de noviembre de 1986, el cuadragésimo presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, firmó la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA), que ofreció legalización y un camino a la ciudadanía a dos tercios de los cerca de 5 millones de indocumentados del país en ese momento.
«Las futuras generaciones estadounidenses», dijo Reagan en la ceremonia de la firma, «estarán agradecidos por nuestros esfuerzos para recuperar humanamente el control de nuestras fronteras y con ello preservar el valor de uno de los bienes más sagrados de nuestro pueblo: la ciudadanía estadounidense».
«La ley otorgó tarjetas de residentes a cerca de 2,7 millones de inmigrantes incluidos aproximadamente 1 millón de trabajadores agrarios. Ha sido el mayor programa de legalización en la historia de los EE.UU.», señaló en referencia a IRCA Dan Moffett, experto en inmigración.
No obstante el alcance del beneficio, según explicó el analista en declaraciones enviadas a Efe, «todavía dejó sin tocar al menos a 2 millones de inmigrantes no autorizados».
Dos millones que con el paso de los años y la falta de aplicación de varios aspectos de la ley llegaron a convertirse en un problema casi seis veces mayor. Actualmente viven en el país cerca de 11,1 millones de inmigrantes indocumentados.
Los autores de la ley, Romano Mazzoli y Alan Simpson explicaron en un artículo de análisis publicado en 2010, que IRCA tenía tres aspectos esenciales «como un taburete de tres patas. Si una pata fallaba, igual fallaba toda la ley».
La primera «pata» era «mejorar la seguridad contra los cruces ilegales en la frontera con México, utilizando la mejor tecnología disponible y adicionalmente el personal mejor entrenado».
Igualmente, la ley por primera vez en la historia del país estableció multas y penalidades para los empleados que, a sabiendas, contrataran a trabajadores indocumentados.
El segundo soporte de la ley era la H-2A, un programa de trabajadores agrícolas temporales diseñado para «asegurar salarios y protecciones en el sitio de trabajo y no para ser otro explotador ‘programa bracero'», especificó Mazzoli.
La tercera parte del trípode era la llamada «legalización», que permitía a «algunos, pero no todos los extranjeros indocumentados, que entonces vivían y trabajaban acá, regularizar su estatus».
Asimismo les facilitaba «comenzar un largo proceso para obtener una residencia temporal, y eventualmente, si decidían continuar, obtener residencia permanente y ciudadanía».
Un análisis del Centro para Estudios de Inmigración sobre IRCA, encontró que la falta de eficiencia del -ya desaparecido- Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) creó «una tremenda cantidad de fraude, grandemente ignorada por INS».
Por otra parte, la responsabilidad de los empleadores de no contratar personal indocumentado, los llevó a exigir una forma (I-9) pero sin verificar la legalidad de los documentos presentados por el trabajador, si «parecían genuinos».
Además, muchos empleadores como en el caso de la industria agrícola aumentaron la utilización de contratistas y subcontratistas, con lo que evitaban la responsabilidad directa de gestionar la documentación de los trabajadores.
Con relación a la seguridad en la frontera, el Congreso -según el análisis- solamente comenzó a autorizar fondos significativos para mejorar el control a mediados de 1990, y aun así lo que se logró fue «mover (a otras áreas) las rutas de acceso ilegal al país».
«Lo que la ley no contempló es que la gente seguiría viniendo, esa fue la falla, no anticipó un flujo futuro. Así que la gente venía con contrabandistas y no con visas. Eso es lo que tiene que cambiar», argumentó Ángela Kelley, directora ejecutiva del Fondo de Acción del Centro para el Progreso Estadounidense, en un debate realizado en octubre por Intelligence2.
Para Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes Migratorias, el problema es que las leyes actuales no se han actualizado en los últimos 25 años.
Aunque hubo una reforma a la ley de inmigración firmada en 1996 por el presidente Bill Clinton, esta en lugar de ayudar empeoró las cosas.
Según Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), la Ley Reforma de Inmigración Ilegal y la ley de Responsabilidad Migratoria (IIRIRA) de 1996 creó requisitos muy difíciles de cumplir para muchos de los inmigrantes.
La ley de Clinton estableció «más castigos para la comunidad inmigrante indocumentada», declaró Salas a Efe.
También, trajo como consecuencia que, «de repente se incrementó de una manera magnificada la población indocumentada en este país al no tener una vía legal para entrar, y no haber las oportunidades de peticiones legales o de legalizar el estatus en un futuro», concluyó.
Ahora, de nuevo, la candidata demócrata a la Presidencia, Hillary Clinton, está ofreciendo apoyar una reforma a la ley de inmigración, igual como lo hizo hace ocho y cuatro años el actual presidente, Barack Obama, pero no cumplió.
Luis Uribe
Los Ángeles (EE.UU.), 4 nov (EFE).-
