El Gobierno de Sudáfrica ha iniciado formalmente el proceso para abandonar la Corte Penal Internacional (CPI) al considerar que este tribunal está «en conflicto» con su ley nacional de inmunidad diplomática y, además, afecta negativamente a sus relaciones internacionales.
El proceso ha comenzado con la notificación oficial por carta de su decisión al nuevo secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y podría concluir en un año desde el momento de la entrega de la misiva.
El anuncio de Sudáfrica se produce dos días después de que el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza -investigado por el CPI- firmara la retirada del tribunal.
Además de estos dos países, en 2013, la Asamblea Nacional de Kenia aprobó también la retirada del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte.
En una rueda de prensa para explicar las razones de la decisión, el ministro de Justicia sudafricano, Michael Masutha, se ha remontado a la crisis provocada por la visita en junio de 2015 a Sudáfrica del presidente de Sudán, Omar al Bachir, a quien la CPI reclama por un delito de genocidio.
El Gobierno anfitrión desafió a la CPI y a su propia Justicia al negarse a detenerle y entregarle a La Haya, lo que era su obligación al ser signatario del Estatuto de Roma.
El Gobierno alegó que Al Bachir -que se encontraba en Johannesburgo para participar en una cumbre de la Unión Africana (UA)- gozaba de inmunidad diplomática como jefe de Estado, un argumento que fue desechado por los jueces sudafricanos.
Masutha también cree que la CPI es un «impedimento legal» para el liderazgo de su país en la promoción de «la paz y la prosperidad» en África, donde varios Gobiernos han acusado al tribunal de perseguir injustamente a los líderes del continente.
El Gobierno ya prepara una ley que revoque las disposiciones del Estatuto de Roma introducidas en la legislación nacional, que será aprobada por la mayoría oficialista en el Parlamento y completará la retirada de Sudáfrica de la CPI.
Fuentes de la CPI en La Haya han mostrado a Efe su preocupación por el «efecto llamada» que la retirada de Sudáfrica podría producir entre otros países que han amenazado con abandonar el tribunal.
El anuncio ha sido acogido con desagrado entre la oposición sudafricana, la sociedad civil y las organizaciones de defensa de derechos humanos.
El principal partido de la oposición, la Alianza Democrática (AD), llevará a los tribunales una medida que considera «irracional» e «inconstitucional», al considerar que debería haber sido aprobada antes por el Parlamento.
Sudáfrica es la democracia más sólida de África, y desde la caída del «apartheid» en 1994 ha sido considerado uno de los países más activos en la defensa de los derechos humanos en el continente.
El paso anunciado hoy es visto por muchos como una confirmación del creciente aislacionismo y, según Human Rights Watch, del «desprecio por la Justicia» del país bajo el mando del presidente Jacob Zuma, un político acosado por los casos de corrupción.
«El país está traicionando a millones de víctimas de las más graves violaciones de los derechos humanos, y socava el sistema internacional de justicia», ha dicho Netsanet Belay, de Amnistía Internacional (AI) África.
La salida sudafricana de la CPI confirma el malestar en el continente con este tribunal, que juzga al expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo, por crímenes contra la humanidad e imputó en el pasado a otros políticos africanos como el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta.
De los 10 casos que tiene abiertos la CPI, nueve de ellos se ocupan de abusos de los derechos humanos cometidos en África, lo que ha provocado que países como Kenia, Zimbabue o la propia Unión Africana (UA) hayan acusado al tribunal actuar por intereses «neocolonialistas» y tratar de desestabilizar al continente.
La CPI se puso en marcha en 2002 y esta formada por 124 países, entre los que no se encuentran Estados Unidos (EE.UU.), China, Rusia o India.
Marcel Gascón
Johannesburgo, 21 oct (EFE).-
