El juicio al ayatolá Isa Qasim, la máxima autoridad chií de Baréin, comenzó hoy con la ausencia del clérigo, que ha decidido boicotear el proceso en el que está acusado de lavado de dinero.
Qasim, de 75 años, y otros dos responsables de su oficina, Husain al Mahrus y Fadel al Obaidli, decidieron no presentarse ante el juez, que pospuso la sesión al próximo 14 de agosto, según abogados presentes en la sala consultados por Efe.
Las autoridades bareiníes acusan al ayatolá y a sus ayudantes de acumular unos 10 millones de dólares de forma ilegal que pretendían usar para instigar la agitación social en el país.
Según los acusados, esos fondos proceden de donaciones anuales de musulmanes chiíes y están destinados a programas religiosos y a ayudar a los más necesitados.
De ser encontrado culpable, Qasim podría enfrentarse a no menos de diez años de cárcel e incluso a cadena perpetua.
A Qasim, considerado el líder espiritual del principal grupo opositor del país, el chií Al Wefaq, las autoridades también le retiraron la nacionalidad bareiní el pasado 20 de junio por fomentar un ambiente sectario y extremista y dañar la unidad del país.
El letrado Adalá al Shamlawi, de Al Wefaq, grupo que fue disuelto por la justicia el pasado 14 de junio, denunció ayer en Twitter que los cargos contra Qasim tienen «una motivación política y violan la Constitución».
Para el director ejecutivo de la ONG Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB), Husein Abadalá, el Gobierno bareiní está intentando «cerrar el poco espacio que quedaba para airear críticas políticas y sociales».
«La decisión del Gobierno de enjuiciar al líder espiritual por cargos fabricados después de retirarle la nacionalidad es la más extrema de una larga serie de medidas agresivas tomadas para desestabilizar el país y avivar las tensiones sectarias», dijo a Efe.
La víspera del juicio los partidarios del ayatolá clamaron «Alá es grande» desde las azoteas de las casas en protesta por el juicio, que ven como un ataque contra la comunidad chií.
Varias protestas se han desarrollado durante el juicio y se espera que otras sean convocadas en los próximos días.
En los alrededores de la vivienda Qasim, en el pueblo de Duraz, se mantiene una sentada de sus seguidores desde el pasado día 20 para evitar que el clérigo sea deportado.
Los chiíes -que representan la mayoría de la población en Baréin, gobernado por una monarquía suní- han protagonizado protestas desde 2011 para pedir reformas políticas, las cuales han sido reprimidas por la fuerza.
Las autoridades han encarcelado a muchos opositores chiíes, entre ellos Ali Salman, el secretario general de Al Wefaq, y retirado la nacionalidad a decenas, lo que ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos locales e internacionales.Manama, 27 jul (EFE).-
