Un consorcio hondureño está construyendo en el noroeste del país una central hidroeléctrica, con una inversión de 64 millones de dólares, que busca sentar las bases para el desarrollo social de comunidades marginadas que habitan en la zona.
Se trata del proyecto AguaZarca, en el departamento de Santa Bárbara, en un área habitada fundamentalmente por comunidades indígenas que sufren serios niveles de pobreza extrema, en un país en el que el 16,5 % de la población vive con menos de 1,25 dólares diarios, según datos de la ONU.
«La idea del proyecto es generar beneficio y que ese beneficio revierta sobre las comunidades», dijo hoy en una entrevista con Efe el ingeniero español que dirige el proyecto, José Manuel Pagés. «Esto en Europa no se hace», agregó.
Pagés, que se encuentra en Nueva York con reuniones técnicas del consorcio hondureño que está construyendo AguaZarca, insistió en que parte de la inversión del proyecto busca mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas e intentar mitigar su pobreza.
La construcción de la central, que comenzó en 2014 y planea ser completada a fines de 2017, forma parte de los esfuerzos de las autoridades hondureñas para cambiar la red energética con el fin de reemplazar la dependencia de combustibles sólidos.
Pagés recordó que hace tres años Honduras dependía de combustibles sólidos para satisfacer el 80 % de sus necesidades energéticas y actualmente el 55 % de la energía la generan fuentes renovables.
AguaZarca, que generará 21,7 megavatios, suficientes para suministrar energía a unos 25.000 hogares, le permitirá a Honduras evitar enviar a la atmósfera anualmente unas 30.000 toneladas de CO2.
Aunque el río tiene un caudal de unos 50 o 55 metros cúbicos por segundo, el proyecto necesita menos de la mitad, y el lecho fluvial se beneficia más abajo con el aporte de un afluente que aporta una carga adicional de 17 metros cúbicos por segundo.
«El impacto sobre el nicho ecológico de las especies es nulo», afirmó Pagés.
La imagen del proyecto se vio impactada en los últimos meses a raíz del asesinato, el 3 de marzo, de la activista medioambiental Berta Cáceres, un crimen que recibió numerosas muestras de condena y por el que han sido detenidas cinco personas.
«Estamos apoyando incondicionalmente al Ministerio Público para todas las dudas que tengan y cualquier dato que necesiten», dijo al respecto el director del proyecto, a tono con otras declaraciones hechas anteriormente por la empresa.
«Vamos a respetar el proceso de investigación, y al final van a aflorar los culpables», insistió.
Pagés recordó que, desde sus inicios, AguaZarca ha colaborado con las comunidades indígenas de la zona sobre el posible impacto ecológico en la región, aunque el proyecto se está desarrollando en tierras privadas escarpadas que no tenían cultivos.
En la comarca predomina la agricultura para la subsistencia de las comunidades, pero el proyecto hidroeléctrico ha desarrollado programas agrícolas y de riego para el cultivo del fríjol o maracuyá con el fin de ampliar las fuentes de ingresos.
«El siguiente paso es capacitar (a las comunidades indígenas) para comercializar su producto», agregó.
La zona del departamento de Santa Bárbara donde se desarrolla el programa carecía de adecuadas vías de comunicación y AguaZarca ha abierto allí 32 kilómetros de carreteras de grava y va a levantar un puente prefabricado para conectar ambos márgenes del río.
La región se ha beneficiado también con 1.200 puestos de trabajo directos e indirectos, de los cuales el 75 % son empleados aportados por las comunidades de la comarca. Cuando termine la construcción, quedarán entre 70 y 80 empleados para el mantenimiento.
Unido a ello, las comunidades indígenas se han visto beneficiadas con medidas de apoyo escolar y la apertura de varias escuelas, así como atención sanitaria y la electrificación del área en la que opera la firma y sus alrededores.
«Todas las comunidades están electrificadas», agregó Pagés.
Nueva York, 6 jun (EFE).-
