Guatemala, 15 abr (EFE).- El expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva por un caso de corrupción aduanera, supuestamente lideraban otra trama delictiva en Guatemala en la que está involucrada una filial de la empresa española Grup TCB, informaron hoy fuentes oficiales.
La fiscal general, Thelma Aldana, el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Rivas, y el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, indicaron en una rueda de prensa que al menos nueve personas están detenidas por este caso y otras cinco tienen orden de captura internacional.
Entre los arrestados está el español Juan José Suárez, director general de Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ), filial en Guatemala de la firma española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), que opera en la ampliación de Puerto Quetzal, la mayor terminal marítima del país, en el departamento sureño de Escuintla.
La estructura tenía como objetivo «obtener beneficios económicos» tras la celebración y ejecución de un contrato a favor de TCQ, por lo que se produjeron interferencias para la «concreción de este proyecto», con el que toda la trama obtendría «lucro» y blanquearía dinero «de origen ilícito», indicó Aldana.
TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría la nueva terminal, que tenía contempladas tres fases de desarrollo que alcanzarían una inversión de 255 millones de dólares.
Este proyecto tenía como fin dotar a Puerto Quetzal de instalaciones con los avances tecnológicos y de seguridad que aseguraran eficiencia y productividad en las operaciones de contenedores, detalló la fiscal.
El contrato se gestionó de «forma paralela» y desde enero de 2012 hasta por lo menos abril de 2015 se concretó un grupo criminal formado por Pérez Molina y Baldetti, «líderes de la estructura», el español Suárez, el exsecretario de Pérez Molina Gustavo Martínez Luna, Guillermo Lozano Bauer, Allan Herbert Marroquín Castillo y Willima Schawank López.
Además estaban Julio Rolando Sandoval Cano, el exsecretario privado de Baldetti y colaborador de la fiscalía en este caso, Juan Carlos Monzón Rojas, el español Ángel Pérez Maura, el argentino Mauricio José Garim y Jhonatan Harry Chevez.
En esta investigación, indicó Aldana, son determinantes los nombramientos realizados por Pérez Molina, que en 2012 designó como operador de Puerto Quetzal y enlace al empresario y piloto Lozano Bauer, entre otros.
Todos estos nombramientos fraguaron diferentes gestiones para alcanzar el contrato, con reuniones incluso en Colombia y Valencia (España), tras las que se consensuó el pago de una «comisión» de 24,5 millones de dólares, parte en efectivo y otra a través de un paquete de acciones en TCQ, que no se debería prolongar más allá de octubre de 2015, antes de que finalizara el mandato de Pérez Molina.
De los 24,5 millones de dólares, según la investigación, Suárez pedía descontar medio millón de dólares para pagar a los sindicatos que se oponían al proyecto y a funcionarios de la Procuraduría General y la Contraloría General de Cuentas, que supuestamente colaboraron con la estructura, aunque la fiscalía aún lo investiga.
Suárez y Pérez Maura, este último con una orden de captura internacional, entregaron a Monzón un cuadro detallando los pagos: el primero se hizo en el segundo semestre de 2013 por un valor de 10 millones y el segundo en los primeros meses de 2014 por valor de dos millones, explicó Velásquez.
El tercer pago, de los 12,5 millones de dólares pendientes, estaba previsto a realizarse entre abril y octubre de 2015, tiempo en el que se desmanteló la trama de corrupción aduanera «La Línea», por la que se acusa a los exmandatarios, y aunque hubo intentos para realizarlo, apuntó Velásquez, se desconoce si se efectuó.
Del total, se distribuiría el 60 % para Pérez Molina y Baldetti, y el 40 % para Monzón, Herbert, Sandoval y Schwank.
La investigación señala que Pérez Molina «utilizó la calidad de su cargo como presidente» para facilitar el negocio, por el que obtendría «un beneficio financiero ilícito en detrimento» del país.
El pago de los 12 millones de dólares fue lavado a través de la empresa de Chévez, Copisa, contratista de TCQ, a cambio de una comisión, que variaba entre el 4 y el 18 %.
Con ese dinero, Pérez Molina adquirió dos lanchas, un equipo marítimo y otros útiles a través de terceras personas, además de ingresos en efectivo, mientras que Baldetti compró, entre otros, un hotel en Antigua, e invirtió parte del dinero en un salón de belleza y en un spa, según la investigación.
Por estos hechos, Pérez Molina y Baldetti están acusados de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos y fraude, mientras los españoles Suárez y Pérez Maura están acusados de asociación ilícita, fraude y cohecho activo.
