Víctimas y familiares de afectados por la guerra civil de El Salvador (1980-1992) exigieron hoy al Estado el respeto de sus derechos humanos, justicia y reparación, en vísperas de la conmemoración de los 21 años del fin del conflicto.
«Como madre yo me siento mal; no me siento feliz, me siento preocupada y necesitamos que el Gobierno tome en cuenta lo que le estamos pidiendo porque ya son 21 años que andamos en esto (buscando justicia) y no tenemos solución de nada», dijo a Efe Cunegunda Peña, una anciana que desde 1980 busca a su hijo desaparecido.
Se necesita que el Gobierno «haga una investigación (…), que nos digan a las madres dónde están nuestros hijos, para, si es que ya no existen, que les demos una sepultura santa como se (debe) hacer y no estar así como estamos», agregó Peña, de 76 años.
Peña, quien participó en una rueda de prensa de un organismo humanitario, destacó que después de 21 años de la firma de los Acuerdos de Paz, el 16 de enero de 1992, las «injusticias siguen vivas» en este país centroamericano.
«Exijo a estos señores que tienen el poder en sus manos que hagan algo por estas viejitas que ya no podemos», enfatizó Peña, quien dijo que su hijo desapareció en manos del Ejército salvadoreño.
Por su parte, Guadalupe Mejía, dirigente de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica, señaló en la conferencia de prensa que en cada conmemoración de los Acuerdos de Paz se recuerda a todos los mártires que murieron en las masacres o fueron torturados, desaparecidos y asesinados en la guerra.
«Continuamos con la esperanza de que haya verdad, justicia y reparación» en El Salvador para todos, añadió Mejía.
Por otra parte, una decena de lisiados del conflicto armado recorrieron hoy una de las principales calles de San Salvador para exigirle al Gobierno el respeto de sus derechos humanos y unas pensiones más dignas.
«A 21 años de los Acuerdos salimos a decir que se callaron las armas, pero la necesidad y las tripas de los compañeros siguen chillando» porque «tienen hambre y las pensiones son de miseria (…); hay mucho abandono hacia nosotros», dijo a Efe Efraín Mujica, representante de la Asociación de Lisiados de la Fuerza Armada.
Daniel Hernández, otro dirigente de los lisiados, indicó a Efe que la inmensa mayoría recibe pensiones de 100 dólares mensuales, por lo que están exigiéndole al Gobierno un incremento «del 50 %».
De acuerdo a Mauricio Ovidio, coordinador de Pro-Memoria Histórica, el país ha «incumplido muchos de los Acuerdos de Paz que pedían la reparación y la atención a las víctimas del conflicto (…); eso no se ha hecho por parte de las instituciones obligadas, como es el Estado y su estructura», sentenció.
Comentó que el Ejecutivo ha hecho «algunos esbozos» al pedir perdón por crímenes cometidos durante la guerra, pero que eso no es suficiente, ya que otras instituciones estatales, como la Fiscalía General de la República y la Asamblea Legislativa, continúan sin asumir su responsabilidad, agregó.
Tampoco El Salvador ha cumplido con la anulación de la Ley de Amnistía, reparar a las víctimas y sancionar a quienes cometieron esos crímenes de lesa humanidad, indicó.
«Los Acuerdos de Paz no se han logrado del todo, la paz no la tenemos (…), sólo fue el callar de los fusiles, nada más», enfatizó.
La guerra civil salvadoreña, que estalló en 1980, dejó unos 75.000 muertos, 8.000 heridos y 12.000 desaparecidos.
El conflicto concluyó con los acuerdos firmados el 16 de enero de 1992 en México entre el Gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994) y la exguerrilla, que ahora integra el partido gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
San Salvador, 15 ene (EFE).-
