San Salvador, 14 mar (EFE).-El Gobierno salvadoreño anunció hoy una serie de «medidas extraordinarias» para combatir la violencia, entre ellas decretar del estado de emergencia en zonas de alta peligrosidad, incrementar kla presencia policial y militar y aumentar la seguridad en las cárceles.
Según el presidente Salvador Sánchez Cerén, estas medidas, «que se iniciarán lo antes posible», buscan disminuir el número de muertes violentas, que aumentaron en lo que va de este año un 107 %, respecto al mismo período de 2015, con más de 1.630 asesinatos desde el 1 de enero hasta el 13 de marzo.
El mandatario explicó que, en los próximos días, el Gobierno presentará a la Asamblea Legislativa las nuevas acciones a implementar, ya que para «poder ejecutar las medidas previstas en centros penales, es necesario modificar la Ley Penitenciaria y otros cambios» y solo el Congreso puede autorizarlo.
Asimismo, para poder declarar estado de emergencia en sectores donde hay «una delincuencia muy fuerte, con amenazas o extorsiones, es necesario contar con el apoyo de la Asamblea, ya que en esos lugares, ciertos derechos se podrían ver limitados», explicó el gobernante, sin dar detalles de qué libertades se coartarían.
Además, el Ejecutivo plantea «desmasificar» las cárceles, liberando a presos «de avanzada edad o con enfermedades terminales, que no suponen un riesgo para la población», para tener más plazas libres, que serían ocupadas por «criminales» que están en los calabozos de la Policía Nacional Civil (PNC).
Para liberar a estos reos, así como para ofrecer libertad condicional a otros, es necesario modificar la Ley Penitenciaria, ya que no contempla este tipo de medidas.
Según Sánchez Cerén, si se logra que los presos que se encuentran detenidos en delegaciones policiales, por falta de espacio en los centros penales, sean trasladados a las cárceles, los agentes que actualmente se dedican a su vigilancia, se pondrían al servicio del combate de la violencia en las calles.
Explicó que «nunca» se ejecutarán acciones al margen de la ley, ni fuera del marco del Plan El Salvador Seguro, ya que «no se pueden tomar medidas que puedan ser revocadas por la Sala de lo Constitucional» por tener algún vicio o defecto de forma.
El presidente salvadoreño manifestó que todas las acciones están siendo analizadas y estudiadas por un grupo de funcionarios, encabezado por el vicepresidente, Óscar Ortiz, quien es acompañado en la gestión por los ministros de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y de Defensa Nacional, David Munguía Payés.
Además, forman parte del grupo el comisionado de la Presidencia para Asuntos de Seguridad, Hato Hasbun, el portavoz del Gobierno, Eugenio Chicas, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto.
Ramírez Landaverde aclaró que desde la cartera que gestiona, «se está trabajando para incrementar en 1.000 los elementos de la PNC, así como en liberar a los agentes que controlan a los detenidos en los calabozos y ponerlos al servicio de la seguridad ciudadana».
El funcionario explicó que, además, se limitarán las comunicaciones en los centros penales y se eliminará la señal de telefonía, para lo que espera la colaboración de las empresas de telecomunicaciones.
Por su parte, Munguía Payés explicó que la Fuerza Armada continúa reforzando la seguridad con militares en 262 municipios de alta peligrosidad.
Explicó que «en el futuro» se podrían movilizar algunos militares en reserva, a quienes «ya se les ha localizado e informado para que estén preparados por si se da el caso».
Además, señaló que el ministerio de la Defensa Nacional está impartiendo cursos de entrenamiento «especial» a otros 544 militares, para ponerlos a la disposición de la Policía Nacional.
Sánchez Cerén espera que todos los sectores políticos, sociales y económicos respalden la propuesta del Ejecutivo, tal y como lo «expresaron los diferentes actores de instituciones y sociedad durante la reunión del Consejo Nacional para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC)», celebrado el pasado viernes.
El presidente señaló que, para la ejecución de estas medidas, «hay que hacer un ajuste al presupuesto y está siendo analizado. El equipo tiene que hacer cálculos del coste del plan, para ver de dónde se pueden sacar recursos».
En este sentido, pidió a la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que apoye la emisión de bonos para este fin, cuando sea votado en la Asamblea Legislativa.
