Bogotá, 17 dic (EFE).- El procurador colombiano, Alejandro Ordóñez, afirmó hoy que el acuerdo sobre víctimas, que incluye la justicia transicional, entre el Gobierno y las FARC en el marco de las negociaciones de paz «no otorga seguridad jurídica».
Con el acuerdo que salió de las negociaciones de paz también «se blinda a los capos de las FARC ante la justicia norteamericana», afirmó Ordóñez en una rueda de prensa.
El pasado martes los negociadores del Gobierno y de las FARC firmaron el acuerdo sobre víctimas, que incluye la creación del mecanismo de la Jurisdicción Especial para la Paz, que se aplicará a los responsables del conflicto armado y que suponía uno de los puntos más espinosos de los diálogos.
El sistema integral de justicia estará integrado por cinco mecanismos, entre ellos la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la unidad especial para la búsqueda e identificación de desaparecidos y la Jurisdicción Especial para la Paz.
Las dos partes establecieron que cuando termine el conflicto armado se podrá otorgar la amnistía más amplia posible, pero no podrán beneficiarse de esta medida ni habrá indultos para quienes hayan incurrido en delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra o violaciones a los derechos humanos.
En este sentido, Ordóñez dijo hoy que «por tratarse de una situación de impunidad es claro que la ausencia de reclusión activará la competencia de la Corte Penal Internacional, al no cumplir con el derecho internacional».
Por ello, en opinión de Ordóñez, «el acuerdo de justicia no ofrece seguridad jurídica. Eso deben tenerlo claro los señores de las FARC», dijo.
El procurador también dijo que el acuerdo no es «a favor de las víctimas ni de la justicia, sino de los victimarios y la impunidad» y agregó que los negociadores de esa guerrilla no se movieron «un milímetro y el Gobierno terminó por someterse a sus exigencias».
Asimismo, señaló que las sanciones pactadas son «una comedia, una parodia y un truco» y, además, suponen «un aliciente para la repetición».
Ordóñez también explicó que el acuerdo permite «omitir las condenas impuestas por los jueces» previamente contra miembros de las FARC.
En referencia a la posible participación política de las FARC, dijo que eso también supone su impunidad, puesto que en caso de ser sancionados no podrían tener acceso a ser representantes.
Por último, también criticó que las FARC no se comprometan a entregar su fortuna, para cuyo cálculo se basó en un informe de Forbes que califica a esa guerrilla como el tercer grupo terrorista del mundo que más dinero obtiene y lo que considera «impunidad total para el narcotráfico».
«El acuerdo establece bases para que se reconozca como conexos (el narcotráfico, la minería y el lavado de activos) con el delito político», concluyó.
