La Haya, 29 sep (EFE).- Nicaragua defendió hoy la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver la disputa entre Managua y Bogotá, por el supuesto incumplimiento del fallo de ese tribunal que modificó la frontera marítima entre ambos países.
El país centroamericano, que hoy expuso sus argumentos en una ronda de alegatos orales, acusó a Colombia de querer «evitar» su responsabilidad y obligaciones y denunció las amenazas de ese país en las zonas marítimas limítrofes.
El embajador de Nicaragua en Holanda, Carlos Argüello, recordó al tribunal que Colombia ha denunciado el Pacto de Bogotá, que declara la jurisdicción de la CIJ en este caso, y con ello ha rechazado que ese tribunal sea competente para resolver el litigio.
«Colombia no solo no acepta el carácter obligatorio» del dictámen que la CIJ emitió en 2012, sino que está adoptando acciones que son «una violación» de lo acordado, indicó Argüello.
Explicó además que llevar de nuevo la disputa a la Corte no resulta «agradable», pero que su país no ve otra salida, dada la posición colombiana, defendida públicamente por el presidente de ese país, Juan Manuel Santos.
Por su parte el profesor Antonio Remiro Brotóns, de la Universidad Autónoma de Madrid y que intervino también en apoyo de Nicaragua, explicó a la corte que la clave del litigio reside en la interpretación del artículo 56 del «Pacto de Bogotá».
Según esa disposición, el pacto puede ser denunciado, pero sigue vigente para el denunciante hasta un año después de la denuncia.
En este sentido para Remiro «la Corte debe aceptar su jurisdicción hasta el 27 de noviembre de 2013», dado que la demanda del Pacto de Bogotá por parte de Colombia se produjo exactamente un año antes.
Por su parte, el 26 de noviembre de 2013, Nicaragua presentó una nueva demanda contra Colombia ante la Corte de La Haya, alegando el incumplimiento del fallo del tribunal y las amenazas con el uso de la fuerza en la zona.
El alto tribunal de la ONU remodeló la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia en noviembre de 2012.
Los jueces dejaron bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés, y a Nicaragua le otorgaron una franja marina en esa zona, que Colombia calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados y el país centroamericano en más de 90.000.
Sin embargo, el fallo de la CIJ fue considerado «inaplicable» por el Gobierno colombiano si no se firmaba antes un tratado para garantizar los derechos de su país.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, dijo en septiembre de 2013 que Colombia apoyaba la apertura de un diálogo entre el Gobierno de Nicaragua y el Gobierno de Colombia, con el objetivo de concluir un tratado que permita hacer la transición ordenada de las limitaciones fijadas en el fallo del tribunal.
El embajador Argüello reiteró que Nicaragua apoyaría la firma de un tratado que permitiera resolver la disputa.
Los alegatos de hoy se produjeron después de que Colombia defendiera en la primera audiencia sobre esta disputa, celebrada el lunes en La Haya, que la CIJ no es competente en este caso y lamentara que Managua se haga la «víctima» en el diferendo.
El agente de Colombia ante la CIJ, Carlos Gustavo Arrieta, sostuvo que la demanda nicaragüense llegó como una «completa sorpresa» para Bogotá.
Agregó que esa demanda fue «muy frustrante para Colombia» dada la entonces «pacífica situación en el mar y las declaraciones repetidas de las partes de su voluntad de tratar de negociar un tratado para implementar la sentencia» de la Corte de 2012.
Igualmente destacó que no existe «jurisdicción en este caso por parte de la CIJ».
Una segunda ronda de intervenciones está prevista para el 30 de septiembre, cuando Colombia volverá a exponer sus alegatos y el 2 de octubre, fecha en que de nuevo intervendrá Nicaragua.
Por María López Fontanals
