El Cairo, 2 sep (EFE).- Al menos 1.250 personas desaparecieron forzosamente en Egipto entre enero y agosto de este año, denunció hoy a Efe la ONG local Coordinadora para los Derechos y la Libertad, que calificó este fenómeno de «sistemático».
El director ejecutivo de la organización, Ezat Goneim, confirmó el aumento progresivo de estos hechos en Egipto y afirmó que se trata de una práctica que utilizan las autoridades para presionar a la oposición en el país.
Conforme a un informe publicado esta semana por la ONG en el que se denuncian estas desapariciones, alertó de que no se trata «de un fenómeno pasajero», sino más bien de «una práctica sistemática» de los aparatos de seguridad del país «con la finalidad de presionar a los rivales políticos.
«También se busca ocultar casos de tortura, otra práctica extendida en Egipto como la pólvora», según la ONG.
Las desapariciones se produjeron de manera gradual y creciente a lo largo de los primeros meses del año.
En marzo pasado, por ejemplo, eran 160 y en mayo alcanzaron las 393, registrándose casos nuevos todos los meses.
De la cifra total, hay 228 personas que aún permanecen en paradero desconocido, ya que ni han comparecido ante la justicia ni se encuentran detenidas en comisaría, pese a que las informaciones con las que cuenta la organización apuntan a que fueron arrestadas por las fuerzas de seguridad.
El mayor número de casos se ha registrado en las provincias del centro y el norte de Egipto, con Al Garbiya (307 desaparecidos), Al Bahira (170) y El Cairo (162) a la cabeza.
La recopilación de desapariciones se ha llevado a cabo «en circunstancias difíciles», ya que los trabajadores del ámbito de los derechos humanos afrontan «amenazas y persecuciones por parte de seguridad», indicó Goneim.
El pasado julio, también la organización Human Right Watch (HRW) denunció la desaparición forzada y detención «al margen de la ley» de decenas de personas en Egipto y exigió a las autoridades «revelar de inmediato su paradero y castigar a los responsables».
Las desapariciones forzadas constituyen «una violación grave del derecho internacional y de los derechos humanos», advirtió HRW, que reiteró que la práctica sistemática de este delito «como cuestión política supone un crimen contra la humanidad».
Desde el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Mursi en julio de 2013, las autoridades han declarado la guerra al terrorismo y han perseguido a los Hermanos Musulmanes, así como a opositores, activistas y periodistas, entre otros.
