Washington, 22 abr (EFE).- El tribunal de Washington que sigue el caso contra el exparamiliar colombiano Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», acusado de narcotráfico y de liderar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fijó la vista para dictar sentencia en su contra para el 25 de agosto, informaron fuentes judiciales.
El pasado 8 de abril, el tribunal suspendió la vista de sentencia, prevista en un principio para ese día, después de que la defensa de «Jorge 40» presentara una moción de última hora para que el juez, Reggie Walton, desestimara el caso.
La Fiscalía, en representación del Gobierno estadounidense, pide para el exparamilitar 30 años de prisión y la imposición de una multa de un millón de dólares, según su escrito de conclusiones finales para pedir la sentencia, al que tuvo acceso Efe.
El jefe de la División Criminal de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia, Arthur Wyatt, pone de relieve en su escrito que figura en el expediente la «extraordinaria» cantidad de cocaína cuya producción y tráfico estaba bajo el amparo de «Jorge 40», y que cifra en al menos 1.500 kilogramos entre 2002 y 2005.
Tovar Pupo ha sido juzgado en un tribunal de Washington desde 2007 bajo un estricto secreto del sumario por sus presuntas actividades de narcotráfico y como líder de las AUC, un grupo paramilitar considerado por EE.UU. como una organización terrorista.
La acusación considera a las Autodefensas Unidas de Colombia como «una de las mayores organizaciones de tráfico de cocaína».
En su declaración, Tovar Pupo no negó esa relación y estimó que en las AUC había llegado a tener bajo sus órdenes a un máximo de 5.000 hombres.
Tovar Pupo señaló también que en 2002 y 2003, fue cuando las Autodefensas obtuvieron mayores beneficios porque el mando central las autorizó a imponer un «impuesto de guerra» a los narcotraficantes que operaban en sus territorios.
El 11 de marzo de 2006, en el marco de acuerdos entre las AUC y el gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe, «Jorge 40» se desmovilizó junto con 4.759 personas, entre las que se encontraban 523 mujeres, que entregaron entonces 1.087 armas.
Tovar Pupo está vinculado con al menos 300 asesinatos, y está acusado de ser el presunto inductor de cientos de secuestros y numerosas matanzas de campesinos e indígenas en la costa caribeña, área de influencia del Bloque Norte de las AUC.
