Washington, 13 mar (EFE).- La capital federal de Estados Unidos y otros 14 estados pidieron a la Justicia aplicar de forma parcial las medidas migratorias del presidente Barack Obama, bloqueadas por un tribunal de Texas, al entender que regularizar a inmigrantes indocumentados les supondrá beneficios económicos.
El recurso, interpuesto este martes y dado a conocer hoy, busca mostrar el apoyo de 14 estados y del Distrito de Columbia al Gobierno federal, que este jueves pidió a un tribunal de apelaciones en Nueva Orleans (Luisiana) que levante la suspensión temporal que pesa sobre las medidas de alivio migratorio.
El Gobierno recurrió ante esa instancia judicial debido al fallo del juez federal de Texas Andrew Hanen, que hace un mes suspendió temporalmente las medidas migratorias de Obama a petición de 26 estados, en su mayoría republicanos y liderados por Texas.
Para respaldar al Gobierno en su iniciativa, los 14 estados y el distrito federal han presentado ante el tribunal de apelaciones de Nueva Orleans una declaración de «amicus curiae».
El «amicus curiae» (amigo de la corte) es una figura legal por la que un tercero ajeno a un litigio expresa voluntariamente su apoyo a una de las partes, a fin de colaborar con el tribunal para la resolución del proceso judicial.
«Los estados amigos tenemos un gran interés en que salga adelante el recurso del Gobierno por los millones de residentes en nuestros estados que serían elegibles para los programas migratorios», argumentan en el documento de 18 páginas.
En ese sentido, apelan a los «beneficios económicos, humanitarios y de seguridad pública» que dejarían de recibir los estados de no implantarse el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA) y la Acción Diferida (DACA) para jóvenes indocumentados, conocidos como «dreamers» (soñadores).
Por ejemplo, en el estado de Washington, uno de los que apoya la aplicación parcial de las medidas, la regularización de 105.000 indocumentados traería unos beneficios de 57 millones de dólares durante los próximos cinco años, según el documento.
Según el escrito, en California, donde 1.214.000 personas reúnen las condiciones para acceder a estos programas, los beneficios obtenidos vía impuestos permitirían unos ingresos adicionales en los próximos cinco años de 904 millones de dólares.
Con su escrito, los estados respaldan la regularización de indocumentados, o bien, en los 24 estados que no han iniciado acciones legales contra las medidas, o bien, en todos los estados menos en Texas, líder de la coalición contra las medidas de Obama.
Texas es el único estado que argumentó en la demanda colectiva, interpuesta ante un juez federal de Texas, que sufriría daños económicos al tener que expedir licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados, que pasarían a tener derecho a esos carnés.
«Un solo estado no puede dictar la política migratoria nacional», sostienen en el escrito los estados, que creen que el único «daño irreparable» sería no aplicar las medidas migratorias.
De hecho, afirman que si Texas regulariza a los 594.000 inmigrantes indocumentados que se estima que viven en el estado, el estado obtendría unos beneficios económicos de 338 millones.
Los estados que han respaldado al Gobierno son Washington, California, Connecticut, Delaware Hawai, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island y Vermont, así como el Distrito de Columbia.
Por su parte, los estados que se sumaron a Texas en su demanda contra las medidas de Obama son Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Michigan, Misisipi, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin.
