El Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU. aprobó hoy, después de una investigación de tres años, un informe sobre las tácticas de tortura supuestamente utilizadas por la CIA, mientras grupos defensores de los derechos humanos exigen su divulgación pública.
Con 9 votos a favor y 6 en contra, el Comité aprobó un informe, de más de 6.000 páginas, sobre el programa de detenciones e interrogatorios que implementó la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra presuntos terroristas tras los atentados de 2001.
El informe, que será entregado al Ejecutivo, incluye detalles sobre cada uno de los sospechosos bajo custodia de la CIA y, según los observadores, podría arrojar luz sobre los métodos coercitivos utilizados por la agencia de espionaje.
El Comité inició su revisión del informe en marzo de 2009 y el documento describe las condiciones en las que fueron detenidos e interrogados los presuntos terroristas, y los datos de inteligencia que proporcionaron, además de emitir una lista de 20 resultados y recomendaciones.
El informe, que se apoya en más de seis millones de páginas de la CIA y otros archivos, será entregado al presidente Barack Obama y funcionarios clave del Ejecutivo «para que lo revisen y comenten», aseguró la presidenta del Comité, la demócrata Dianne Feinstein.
Pese a las presiones de grupos humanitarios, Feinstein señaló que, por ahora, el informe permanecerá clasificado en su totalidad y su eventual divulgación dependerá de los comentarios del Ejecutivo.
Su publicación, según los analistas, ofrecería claridad sobre el argumento usado durante la presidencia de George W. Bush, en particular por el entonces vicepresidente, Dick Cheney, de que la tortura ayudó a extraer importantes datos de inteligencia de presuntos terroristas.
Grupos defensores de los derechos humanos siempre han insistido en que el uso de la tortura, incluyendo la «asfixia simulada», viola las convenciones de Ginebra y, lejos de producir información clave en la lucha antiterrorista, mancilla la imagen de EE.UU. en la arena internacional.
Para Feinstein, el informe reveló «interrogantes importantes» sobre las operaciones de inteligencia, y manifestó su deseo de trabajar con la Administración Obama para dar respuesta a esas preocupaciones, poniendo como «máxima prioridad la seguridad de Estados Unidos».
En ese sentido, la presidenta del Comité consideró que la creación de cárceles clandestinas a largo plazo y los métodos coercitivos «fueron terribles errores».
Aunque el voto fue bipartidista, varios republicanos del Senado criticaron la preparación del informe por considerar que se basaba sólo en los documentos de la CIA y no en entrevistas con sus agentes.
Grupos como la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU) y Amnistía Internacional USA elogiaron el voto al subrayar que éste asegurará que la historia no se repita.
«La investigación y el informe también son un precedente importante para establecer un sistema de vigilancia y equilibrio entre el Congreso y la CIA», dijo Christopher Anders, principal abogado de ACLU, en un comunicado.
«Solo sabiendo qué fue lo que ocurrió dentro de la CIA puede el Congreso asegurar que esto no sucederá de nuevo», agregó.
Por su parte, Laura W. Murphy, directora de la oficina en Washington de ACLU, dijo que el informe debe hacerse público «para que todos los estadounidenses puedan entender el daño que causó el uso de la tortura… a la seguridad nacional, los valores estadounidenses y sus víctimas frecuentemente inocentes».
El voto se produjo en vísperas de que en Estados Unidos se estrene la película «Zero Dark Thirty», que relata la operación encubierta que permitió el hallazgo y muerte del cabecilla de Al Qaeda, Osama bin Laden, en Pakistán en mayo de 2011.
Adotei Akwei, director gerente de Amnistía Internacional USA, dijo que la difusión del informe es importante «para silenciar a quienes continúan defendiendo el programa de tortura, y para prevenir la tortura en el futuro».
«Mientras arrecia el debate sobre el uso de la tortura en la persecución de Osama bin Laden -abonado por la película ‘Zero Dark Thirty’- es hora de separar los hechos de la ficción, y contar la verdad sobre la tortura», señaló.
La tortura «no tiene cabida en la política de EE.UU.», además de que «está prohibida por el derecho internacional y nunca, nunca debe ser justificada», puntualizó.
