México, 20 ene (EFE).- Las posibilidades de identificar 16 restos calcinados que podrían corresponder a estudiantes desaparecidos en el sur de México en septiembre se redujeron después de que forenses de Austria no hallaran material genético suficiente para analizarlo bajo métodos rutinarios.
Por ello, los expertos del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck utilizarán una técnica que consideran más prometedora, si bien implica el riesgo de que «los extractos de ADN sean consumidos sin obtener ningún resultado adicional».
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) informó hoy en un comunicado que había accedido a la utilización de la nueva técnica, cuyos resultados podrían tardar al menos tres meses.
Los métodos rutinarios de análisis de ADN no pudieron emplearse debido al calor excesivo al que fueron sometidos los restos, incinerados por integrantes del cártel Guerreros Unidos, según el testimonio de tres miembros de esta organización detenidos.
Así, los forenses recurrirán a la Secuenciación Masivamente Paralela (MPS, por sus siglas en inglés) para identificar los 16 restos que la fiscalía rescató de un basurero de Cocula, donde los delincuentes afirman que asesinaron y quemaron a los 43 estudiantes desaparecidos hace casi cuatro meses en Iguala.
La Secuenciación tiene especificaciones técnicas «más prometedoras que cualquier otro método de identificación genética molecular existente», indicaron los expertos en un informe entregado a la Procuraduría, en el que también advirtieron del riesgo de esta técnica.
«Estamos hablando de que (con este método) no quedaría prácticamente nada, eso va a impactar en las víctimas», dijo el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, tras conocer por los medios de comunicación la información divulgada por la PGR.
«No se nos notificó nada al respecto», lamentó el letrado tras recordar que el Gobierno se había comprometido a informar primero a los familiares de los avances de la investigación sobre el caso.
Esta información «impacta en los familiares de los desaparecidos», apuntó Rosales, quien consideró «una falta más de la PGR» contra las víctimas.
Según la versión oficial, el pasado 26 de septiembre policías locales atacaron a tiros a los estudiantes por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para evitar que interrumpieran un mitin de su esposa, María de los Ángeles Pineda, y causaron la muerte de seis personas y heridas a otras 25.
Además, los policías capturaron a 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y los entregaron a miembros de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron e incineraron en un basurero de Cocula, una versión en la que no creen los familiares.
Hasta ahora solo uno de los estudiantes desaparecidos ha sido identificado a partir de los restos calcinados enviados por el Gobierno mexicano para su análisis en el instituto austríaco.
El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, dijo este martes que la desaparición de los alumnos de la Normal de Ayotzinapa fue «el detonante de una crisis política y social que se venía gestando en el interior de las instituciones», no solo de ese estado sino del país, por la penetración del crimen organizado.
«Lo que he intentado en estos ya casi tres meses (al frente del Gobierno) es atenuar el conflicto y lo hemos logrado parcialmente», dijo a Radio Fórmula al destacar que ya no son miles, «ni siquiera cientos», los que participan en las manifestaciones.
Sobre los hechos de violencia registrados en el marco de las protestas, como el ataque a edificios oficiales y la quema de vehículos, Ortega señaló que detrás de ellos están anarquistas procedentes de Oaxaca y la capital de México.
Son «personas externas (…) que aprovechan el sentimiento, el reclamo de los familiares de los muchachos desaparecidos para realizar acciones vandálicas, de violencia simbólica, en contra de las instituciones», apuntó.
«Están en plena desesperación, pero esto lo vamos a contener», prometió Ortega, quien asumió las riendas de Guerrero después de que el político del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) Ángel Aguirre renunciara como gobernador en medio de una ola de protestas por la desaparición de los estudiantes.
