México, 16 ene (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designó a un grupo de expertos que dará asistencia técnica en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre pasado, informó hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.
La CIDH «dio a conocer la lista de nombres de las personas que integrarán el grupo interdisciplinario de expertos independientes en materia de derechos humanos establecido conforme al Acuerdo de Asistencia Técnica», señaló la SRE en un comunicado.
Dicho acuerdo fue suscrito el 12 de noviembre de 2014 por representantes del Estado mexicano con los beneficiarios de las medidas cautelares dictadas por la CIDH el 3 de octubre para el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala, estado de Guerrero.
El acuerdo estableció que la CIDH, en consulta con el Estado y los beneficiarios de las medidas cautelares, definiría la integración del grupo de expertos que se encargará de «realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los 43 estudiantes».
El grupo estará integrado por los abogados Francisco Cox (Chile), especialista en derecho constitucional; Claudia Paz y Paz (Guatemala), experta en derecho penal; Ángela Buitrago (Colombia), especializada en ciencias criminológicas, y Alejandro Valencia Villa (Colombia), experto en promoción y defensa derechos humanos.
También participará el médico español Carlos Beristáin, especialista en educación para la salud.
Los miembros del grupo tendrán las atribuciones de elaborar planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, analizar las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y evaluar el plan de atención integral a las víctimas de los hechos.
En cada una de las tres áreas, el grupo podrá formular recomendaciones técnicas relevantes, señaló la SRE.
«Además, a través del acuerdo, el Estado reiteró su disposición a que, a partir de las recomendaciones, puedan fortalecerse las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas así como las de investigación de casos de desaparición forzada», añadió.
El mandato del grupo será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo.
Conforme al acuerdo, el Estado mexicano se comprometió a financiar por completo las actividades del grupo, y para ello depósito un millón de dólares, que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México.
El 3 de octubre de 2014, la CIDH solicitó al Estado mexicano, entre otras cosas, que «adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos» y proteger la vida e integridad personal de los heridos el 26 de septiembre en Iguala, estado de Guerrero.
En esa fecha, seis personas murieron, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecieron a manos de policías locales en colusión con miembros del cártel Guerreros Unidos, de acuerdo con la investigación de la fiscalía.
Hasta ahora, sólo uno de los estudiantes desaparecidos ha sido identificado a partir de los restos calcinados enviados por el Gobierno mexicano para su análisis en un laboratorio de Austria.
