Bogotá, 31 oct (EFE).- La Justicia colombiana condenó hoy a ocho años de cárcel al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, preso en una cárcel de Estados Unidos y al que se identifica como el líder de miles de hombres con los que las ya disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) realizaron algunas de las peores masacres en el país.
Fuentes judiciales explicaron a Efe que en la sentencia, de 800 folios, se considera probado que Mancuso fue autor de delitos de lesa humanidad como torturas, desaparición forzada, homicidio en persona protegida y desplazamientos.
Por ello fue condenado a ocho años de prisión, la máxima pena que la justicia transicional, diseñada durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), aplica a los desmovilizados de las paramilitares AUC, que se disolvieron en 2006.
Sin embargo, es poco probable que ingrese en una prisión colombiana, añadieron las fuentes, puesto que actualmente cumple condena en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de activos y financiación al terrorismo y deberá completar su pena allí antes de responder por las masacres en Colombia.
Mancuso, ganadero de ascendencia italiana que llegó a compartir la jefatura máxima de las AUC con los fundadores de este grupo, los hermanos Carlos y Vicente Castaño, lideró el bloque del Catatumbo, que inició su actividad en 1995 y operaba en el noreste del país.
Como jefe de esa sección, la Justicia considera probado que dio la orden de efectuar las masacres de Tibú, donde fueron asesinadas 21 personas y la de Gabarra, donde perecieron más de 100 personas, ambas en el departamento de Norte de Santander (noroeste).
Las dos masacres se perpetraron entre los años 1999 y 2000, en el periodo más sangriento del paramilitarismo.
Esta es una de las consideraciones más destacadas de la fiscal encargada del caso, Alexandra Valencia Molina, pues ambas matanzas marcaron un antes y un después en Colombia y sentaron precedente, ya que a partir de ellas «empezó a vincularse a altos mandos del Ejército con paramilitares».
En este sentido, el tribunal estableció que el proyecto paramilitar de Catatumbo pudo consolidarse en 1998 con el apoyo de las autoridades, subrayaron las mismas fuentes.
De hecho, la fiscal consideró «como algo probable» las declaraciones de un desmovilizado que, dentro de este proceso, aseguró que las AUC «habían hecho saber a Uribe que todos los grupos de autodefensas estaban apoyándolo» para que continuara en la Presidencia.
A lo largo de la sentencia se concluye que las masacres ordenadas por Mancuso «tenían un interés por apoderarse de zonas donde se trafica con narcóticos», pese a que las autodefensas se presentaron en sus inicios como grupos opositores a la guerrilla de las FARC.
Sobre la relación de sus actividades con militares, la fiscal concluyó que al menos tres integrantes del Ejército le ayudaban en operaciones y le permitían el ingreso a su batallón y mencionó que «algunas tomas (a municipios) se hicieron con el apoyo de las Fuerzas Armadas».
Además, el bloque Catatumbo pudo expandirse en el departamento de Norte de Santander (noreste) «gracias a la colaboración de las Fuerzas Militares y del Estado».
La sentencia incluye a Jorge Iván Laverde Zapata, alias «El Iguano»; José Bernardo Lozada Artuz, alias «Mauro»; Isaías Montes Hernández, alias «Junior»; Juan Ramón de Las Aguas Ospino, alias «Rumichaca»; Jimmy Viloria Velázquez, alias «Jairo Sicario» y Lenin Giovanny Palma Bermúdez, exjefes del mencionado bloque de las AUC.
Contra ellos se analizaron 126 hechos victimizantes recopilados durante en proceso judicial, que abarcan a 300 delitos y unas 900 víctimas en total.
