Más de un mes después de la desaparición de 43 estudiantes en México el presidente Enrique Peña Nieto se reunirá con los familiares, quienes le darán un ultimátum para que encuentre a sus hijos, mientras siguen los trabajos en un basurero del municipio de Cocula en busca de cuerpos.
«Vamos con toda la intención de exigir respuestas inmediatas y presentación de los muchachos desaparecidos de nuestra Normal porque a más de un mes sin respuestas favorables para nosotros es demasiada la agonía que hemos vivido», afirmó a Efe el portavoz de los familiares, Felipe de Jesús de la Cruz.
Y es que la desesperación de los padres crece cada día, ante la ausencia de pistas que lleven al paradero de sus hijos que desaparecieron tras una noche de violencia en la ciudad de Iguala el 26 de septiembre, en la que también murieron seis personas, entre ellas tres estudiantes.
Si el presidente no les da datos claros sobre dónde están sus hijos, De la Cruz dijo que tomarán «otras acciones» para mostrar su agotamiento.
«A cada acción hay una reacción. Nosotros hasta este momento hemos confiado en las instituciones, pero no dan resultados y por esa razón hemos perdido totalmente la confianza en el Estado mexicano, apuntó.
El encuentro, confirmado oficialmente, se celebrará este miércoles en la residencia oficial de Los Pinos, donde también acudirá un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural (dedicada a la formación de maestros) de Ayotzinapa, los padres de los tres jóvenes que fallecieron el 26 de septiembre, así como otros dos que perdieron la vida en un enfrentamiento con policías en diciembre de 2011.
«Vamos con mucha ira, con mucho coraje, porque han hecho creer a la opinión que han estado trabajando y a nosotros nos han metido en ese rollo, hasta vamos con ellos a las búsquedas y nos damos cuenta que nada más van, se asoman y se regresan», añadió De la Cruz.
Desde las instalaciones de la Escuela Normal, que se ha convertido en el lugar de espera de noticias para las familias afectadas, aseguró que ellos siguen pensando que «los muchachos están vivos» y que las únicas pruebas de identificación de cuerpos que van a aceptar como válidas son las que hagan los forenses argentinos que trabajan en el caso.
Según las declaraciones de algunos de los 56 detenidos hasta ahora, tras los ataques a los estudiantes ordenados por el entonces alcalde del municipio de Iguala, José Luis Abarca, los 43 jóvenes fueron detenidos por policías y entregados al cártel Guerreros Unidos.
Este lunes se produjeron las últimas cuatro detenciones de miembros del cártel. Dos confesaron que recibieron a los jóvenes de manos de policías y los otros dos admitieron haber participado como vigilantes del grupo criminal la noche de la desaparición.
Desde entonces, un grupo de peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) trabajan en un vertedero profundo de basura situado a unos 10 kilómetros de Cocula en una zona de difícil acceso y a media hora de Iguala.
Se trata de una área de unos 40 metros cuadrados, la mitad de ellos con señales de haber sido quemada, y donde se pueden ver bolsas de basura, cajas de madera y restos de ropa y otros desechos.
En una rueda de prensa desde el puerto de Acapulco, el titular de la PGR, Jesús Murillo, dijo que todavía no saben si en la zona hay fosas con restos humanos. «Los peritos están determinando si lo son», afirmó.
Como todavía no está claro el paradero de los 43 estudiantes, las autoridades continúan las labores de búsqueda. Murillo aseguró que en este caso están involucrados «miles de investigadores».
Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, explicó que las instituciones de seguridad buscan en varios estados a los jóvenes y que hasta ahora «más de 100 lugares han sido recorridos» para tratar de hallarlos.
Tras una reunión del gabinete de seguridad con el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, Osorio dijo que esos sitios fueron determinados con la colaboración de los familiares y precisó que hay cerca de 10.000 elementos del Ejército, la Armada y la PGR que desempeñan labores de seguridad en el estado.
Estos tienen previsto cubrir 17 municipios de la región de Tierra Caliente, donde serán renovadas las instituciones de seguridad con mandos en los que la ciudadanía «pueda confiar».
El ministro reconoció que el problema de seguridad en Guerrero «es muy grande (y) es un tema que ha girado la atención de todo el mundo hacia México».
Por otro lado, el Gobierno mexicano participará en una reunión de trabajo específica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las medidas cautelares dictadas a favor de los 43 estudiantes, que se dará en el marco del 153 periodo ordinario de sesiones que se celebra en Washington.
En el encuentro se dará seguimiento a los compromisos adoptados durante la reunión realizada el 13 de octubre en la Ciudad de México entre los representantes de los afectados y autoridades federales.
Allí, el Estado mexicano se comprometió, en presencia de la CIDH, a dar pleno cumplimiento a las medidas cautelares y expresó su disposición a recibir asistencia técnica de dicho organismo para complementar las acciones que realiza para resolver el caso.
Tixtla (México), 28 oct (EFE).-
