La CIDH estudió denuncias sobre un aumento de la impunidad, la violencia y la pobreza este año en Venezuela, además de pedir al Gobierno de Canadá que tome en serio las denuncias sobre abusos de mineras canadienses en Latinoamérica y alertar sobre «la excesiva militarización» en Guatemala.
Venezuela, Guatemala, Argentina y Canadá centraron las audiencias de la segunda jornada del 153 periodo de sesiones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En una primera audiencia sobre Venezuela, la directora de la organización Cofavic, Liliana Ortega, indicó que la violencia y la impunidad han aumentado en el contexto de las protestas que se produjeron en el país entre febrero y junio de este año.
Ortega aseguró que el Ministerio Público de Venezuela «abrió este año 189 investigaciones en relación a las protestas», pero «en el 80 % de los casos no se continuó con el proceso».
Por su parte, el coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Marino Alvarado, aseguró que en 2013 «la pobreza aumentó un 6 %», y la alta inflación «afecta fundamentalmente a los sectores más pobres».
El representante del Gobierno venezolano para derechos humanos, Germán Saltrón, volvió a acusar a la Comisión de parcialidad en su contra y se refirió al caso del opositor venezolano encarcelado Leopoldo López y a la petición de liberarlo que ha hecho un grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias.
«López está siendo juzgado por nuestros tribunales y, por lo tanto, no pueden solicitar la intervención del sistema internacional de derechos humanos, a menos que demuestren que su integridad física está en inminente peligro, cosa que no es el caso», dijo Saltrón.
Por otra parte, la CIDH examinó si el Gobierno de Canadá tiene alguna responsabilidad en los supuestos abusos a derechos humanos cometidos por empresas canadienses fuera de sus fronteras, como argumentaron varios activistas de ese país en una audiencia.
Al respecto, la funcionaria canadiense Dana Cryderman aseguró que las acusaciones en países como Guatemala, Chile, Perú, Bolivia o México «caen claramente fuera del ámbito de las obligaciones de Canadá» e instó a resolver las denuncias al respecto en los sistemas de Justicia de esos países.
La relatora para Canadá en la CIDH, la comisionada Rose-Marie Belle Antoine, alertó de que Canadá debe «tomar en serio» las supuestas violaciones de sus empresas a derechos medioambientales, a la salud y a los derechos de los pueblos indígenas, entre otros.
«Canadá (…) toma un enfoque pasivo, como diciendo: ‘No tomamos responsabilidad, esto corresponde a los otros Estados'», lamentó.
Otro de los protagonistas de la jornada fue Guatemala, país que, según denunciaron dos asociaciones de abogados, no hace esfuerzos «suficientes» para la detención de mandos militares sobre los que pesan órdenes de busca y captura por violaciones de derechos humanos durante la guerra civil (1960-1996).
Estas organizaciones pidieron la captura y enjuiciamiento del exgeneral Luis Enrique Mendoza García, que desempeñaba el cargo de oficial de operaciones del Estado Mayor del Ejército durante el Gobierno militar del general José Efraín Ríos Montt.
Uno de los peticionarios afirmó que el exgeneral cobra una pensión militar, cuya solicitud debe de renovar todos los años ante el Estado, que «no hace nada» para capturarlo y juzgarlo.
En otra audiencia la CIDH alertó de «la excesiva militarización» que vive Guatemala y cuyas «señales» se aprecian en la presencia de militares en las escuelas o en la declaración de cinco estados de excepción para atajar situaciones de conflictividad social.
Periodistas guatemaltecos denunciaron también ante la CIDH la «presión» y las «políticas extrajudiciales» de los funcionarios públicos, que «atacan» principalmente a los nuevos medios comunitarios no reconocidos por el Estado como prensa.
En audiencias privadas, la CIDH también examina estos días el sistema judicial de Guatemala, según explicó a Efe la magistrada Claudia Escobar, que este mes renunció a su cargo «ante la gravedad de los vicios» del proceso de elección de juristas.
Argentina fue otro de los países protagonistas con una audiencia sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad y otra sobre la ausencia desde 2009 de una cabeza visible al frente del Defensor del Pueblo.
Paulo Vannuchi, uno de los siete comisionados de la CIDH, se ofreció a acudir al Congreso de Argentina para ayudar con este proceso, idea que respaldó el Ejecutivo.
Washington, 29 oct (EFE).-
