Bogotá, 27 sep (EFE).- Más de 150 defensores de derechos humanos, periodistas y políticos han sido amenazados en Colombia en menos de treinta días, lo que convierte a este mes en un «septiembre negro» al acumular el mayor número de intimidaciones realizadas desde que comenzó el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC.
El flujo de amenazas comenzó el 8 de septiembre, con una lista de 91 personas a las que la banda paramilitar «Águilas Negras» daba quince días para salir del país por «andar mariqueando con la paz».
Fue el inicio de una lista que fue completada por la banda criminal de origen paramilitar «Los Rastrojos», que en los siguientes días aumentó la nómina con periodistas, políticos y más activistas.
En total, suman más de 150 y el mes aún no ha acabado.
«Es un septiembre negro porque desde 2009 no registrábamos una amenaza masiva de esta envergadura», apuntó a Efe el coordinador de la ONG Somos Defensores, Carlos Guevara, que vela por la seguridad de los activistas de derechos humanos en Colombia.
Guevara es tajante al afirmar que este mes es un «punto muy álgido» en cuanto a amenazas, y absolutamente desconocido en el marco del proceso de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se inició en La Habana en noviembre de 2012.
«La pregunta que tratamos de responder es a quién le sirve que haya un clima de pánico, porque creemos que se están usando los membretes de las Águilas Negras y Los Rastrojos pero que hay otras personas detrás de las amenazas», sostuvo.
Ésa es una de las claves que los activistas esgrimen para denunciar que esta vez las amenazas son especiales: «¿Por qué llegan ahora las advertencias masivas y no cuando se iniciaron los diálogos de paz?», se preguntó Guevara.
El analista de Fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila, destacó como incongruencia que «Los Rastrojos» funcionan con alianzas locales, y los pactos que obtienen con otros grupos armados al norte de Colombia no tienen porqué respetarse en el sur.
Así las cosas, no les cuadra que esta banda amenace ahora en el norte del país.
«Lo que decimos es que son aliados locales de esta banda los que están presionando las amenazas, es decir, ganaderos y grandes propietarios de tierras que se sienten en riesgo por el proceso de paz, porque se van a destapar muchas verdades y tendrán que reparar a víctimas a las que han despojado de sus tierras», declaró.
De los más de 150 amenazados, no se ha registrado aún ningún muerto, aunque sí un ataque, el que sufrió Alberto Yepes, coordinador del observatorio de derechos humanos en la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que integra a 240 ONGs.
«Fuimos objeto de un robo de información importante para los temas de postconflicto y víctimas, especialmente relacionados con los casos de falsos positivos y desaparición forzada», relató Yepes a Efe.
Días después de ser incluido en una lista de amenazados, desconocidos armados le abordaron en la calle, donde le requisaron su ordenador y dos teléfonos móviles que contenían una investigación de un año sobre la participación de militares en masacres.
Ahora, cuenta con medidas adicionales de protección por parte del Gobierno.
«Hay un desconcierto total. La solución en Colombia es darle escoltas a todo el mundo, pero las investigaciones no avanzan, entonces la gente amenaza y asesina y nadie sabe quién fue», se lamentó Ávila.
Mientras las amenazas se disparan y los amenazados buscan a los que consideran los verdaderos autores de las advertencias, el país hace frente a los dos últimos sucesos que han sacudido la situación de los amenazados.
El primero de ellos es la crisis presupuestaria de la entidad del Estado encargada de brindar seguridad a los amenazados, la Unidad Nacional de Protección (UNP), que mantiene el 76,7 % de los servicios que ofrece en manos privadas y que arrastra un déficit de 100.000 millones de pesos colombianos (unos 49,5 millones de dólares) para acabar este año.
El segundo es el debate que realizó el Senado sobre la relación del expresidente Álvaro Uribe con narcotraficantes y paramilitares, que conmocionó al país y volvió a enfrentar de forma radical a la izquierda y a la derecha, un reflejo de la lucha que vive Colombia desde hace más de medio siglo.
«Se dice que en los próximos días van a amenazar a mucha más gente para que el Estado no tenga capacidad de proteger a todos, y entonces los amenazados que se descuiden o cometan riesgos van a terminar asesinadas», advirtió Ávila.
Cynthia de Benito
