La ley de despenalización del aborto en Uruguay comenzó a aplicarse este lunes en los centros de salud del país dos días después de que agrupaciones sociales y políticas lanzaran una campaña de recogida de firmas para pedir un referéndum que derogue la normativa.
Las mujeres uruguayas y las extranjeras con más de un año de residencia en el país pueden someterse desde hoy a un aborto al cumplirse el plazo legal de diez días desde que el Ministerio de Salud Pública (MSP) difundió la reglamentación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en octubre pasado por el Parlamento.
El tema del aborto divide a los partidos políticos y a la sociedad uruguaya casi a la mitad y la ley fue aprobada únicamente con los votos de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado.
La nueva ley no legaliza técnicamente el aborto, sino que lo despenaliza antes de las doce semanas siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.
Desde los centros sanitarios públicos o privados «están obligados a realizar la intervención o a garantizar que ésta se haga por terceros en casos de objeción de ideario», según dijo Leticia Rieppi, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública, en declaraciones reproducidas en la página web de la Presidencia.
Dos centros médicos vinculadas a la Iglesia católica anunciaron que recurrirían a esa objeción de ideario, pero ninguna institución se presentó para realizar el trámite frente al MSP.
Las autoridades publicaron un manual y guía de procedimientos que deberán seguir las mujeres, las instituciones sanitarias y los médicos para practicar los abortos.
Las interesadas podrán solicitar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, período que se amplía a 14 semanas en caso de violación y sin restricciones para el caso de malformaciones del feto o riesgo de vida para la madre.
Previamente, las pacientes deberán pasar por una comisión formada por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social que le asesorarán sobre los riesgos de practicarse un aborto e incluso sobre la posibilidad de culminar su embarazo y dar al niño en adopción.
Posteriormente, tendrán cinco días para la reflexión y luego de ratificar su voluntad se le practicará el aborto «que será farmacológico» y siguiendo los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó recientemente Rieppi a Efe tras la ceremonia de presentación del manual de actuación.
La iniciativa, impulsada por el bloque oficialista de izquierdas Frente Amplio (FA), vio la luz en octubre en medio del rechazo de los antiabortistas pero también de algunos proabortistas que la critican porque impone controles demasiado estrictos del Estado a la mujer que quiera interrumpir el embarazo.
El pasado sábado, organizaciones sociales y grupos políticos iniciaron una campaña de recolección de firmas para pedir un referéndum que derogue la ley.
La intención es recolectar en una primera etapa unas 50.000 firmas, el 2 % del padrón electoral, para que la Corte electoral convoque una consulta inicial que se celebraría a lo largo de 2013.
A esa votación, no obligatoria, debería acudir al menos el 25% de los ciudadanos habilitados para votar, unos 600.000, y expresar su voluntad de ir a referéndum en otra fecha todavía por definir.
Precisamente, la campaña de recolección de firmas comenzó con la noticia del respaldo a la iniciativa del expresidente uruguayo Tabaré Vázquez (2005-2010), el primer mandatario de izquierdas de la historia del país y que en 2008 vetó en medio de la polémica una ley del aborto aprobada por su propio partido aduciendo motivos «médicos y morales».
Su sucesor y correligionario en el FA, José Mujica, que sí ratificó la ley, señaló en declaraciones a la prensa que posiblemente él también firme para respaldar el pedido de referéndum.
«Firmar es para que la gente vote. Siempre estuve de acuerdo en que se vote. Toda esta decisión debió estar en manos del pueblo y no del Parlamento», dijo el mandatario.
Simultáneamente, varias organizaciones sociales anunciaron que recurrirán a la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar la ley por considerar que viola los derechos humanos.
Así lo adelantó recientemente a Efe el diputado Gerardo Amarilla, uno de los impulsores del movimiento.
El objetivo es «lograr la defensa de la vida de los más vulnerables, especialmente de los seres humanos concebidos pero aún no nacidos», agregó el legislador opositor.
