Sao Paulo, 20 ago (EFE).- La Justicia de Brasil obligó a las empresas estadounidenses Google, Apple y Microsoft a eliminar las aplicaciones «Secret» y «Cryptic», redes sociales con perfiles anónimos que eran usadas para maltrato y para realizar acusaciones sobre la vida privada de terceros, informaron hoy fuentes judiciales.
La decisión, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, fue tomada el martes por el magistrado Paulo César de Carvalho, del fuero civil de Vitoria, en el suroriental estado de Espírito Santo.
El magistrado aceptó un pedido de la Fiscalía contra estas aplicaciones de teléfonos móviles que habían levantado alarma en familias y escuelas, a raíz de prácticas de «bullying», y obligó a retirarlas de las tiendas «online» Google Store, AppStore (de Apple) y Microsoft.
«Es flagrante el potencial lesivo de las aplicaciones ‘Secret’ y su similar ‘Cryptic’, ya que no apenas permiten sino que incentivan compartir frases y fotos sin que exista identificación de quien lo publicó, con posibilidad de que existan secretos ‘más populares’, lo que incrementa la eventual lesión», determinó el magistrado.
El fallo también obliga a las empresas proveedoras de aplicaciones para teléfonos inteligentes «desinstalar» en un plazo de diez días, bajo amenaza de multa diaria de 20.000 reales (unos 8.884 dólares), que estén instaladas en los aparatos brasileños.
Escuelas públicas y privadas de todo Brasil enviaron alertas a los padres de alumnos sobre el uso de estas aplicaciones a raíz de que podía fomentar el «bullying» o maltrato escolar.
Según el Ministerio Público de Espirito Santo, «Secret» «permite que el usuario cuente secretos de él o de amigos en forma anónima por medio de una aplicación para sus contactos de la red social Facebook.
Para el juez, en este caso la libertad de expresión «no constituye un derecho absoluto, siendo incontables las hipótesis en la cuales su ejercicio entra en conflicto con otros derechos fundamentales o bienes jurídicos colectivos constitucionalmente tutelados».
De Carvalho cita que su decisión busca garantizar «los derechos al honor, a la privacidad, igualdad y dignidad y la protección a la infancia y la adolescencia».
