La presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció que su Gobierno denunció a la filial local de la empresa gráfica estadounidense Donnelley para que se le aplique la ley antiterrorista.
En un acto en la sede del Ejecutivo, Fernández dijo que se denunció penalmente a la empresa, dedicada a la impresión de revistas, por presunta «alteración al orden económico y financiero».
La presidenta dijo que es la primera vez que el Gobierno pide así aplicar la ley antiterrorista, aprobada en 2011.
«Hemos hecho la denuncia porque estamos ante un verdadero caso de manejo fraudulento y de intento de atemorizar a la población», aseguró.
La filial de Donnelley pidió la semana pasada su quiebra, cerró el lunes último su planta en la localidad bonaerense de Garín y dejó en la calle a unos 400 trabajadores.
Fernández dijo que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, Fisco) solicitó a la Justicia que revoque el auto de quiebra de la compañía y se investigue el delito de defraudación.
«Evidentemente se ha creado un estado de quiebra que no es tal para estafar o crear temor en la población», sostuvo.
«Cuando comenzamos a indagar la situación patrimonial de la empresa era buena. Era una empresa que tenía todo al día. No tenía deudas con el Fisco y, sin embargo, había pedido la quiera», dijo la mandataria.
Precisó que la compañía solicitó la quiebra el pasado viernes en un juzgado comercial de Buenos Aires y el auto de quiebra fue concedido el último lunes.
Ese mismo día, según Fernández, Donnelley hizo una presentación ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) informando la solicitud de la quiebra en Argentina alegando «condiciones de negocios insostenibles».
Fernández dijo que su Gobierno también denunciará a la empresa ante la SEC.
«Cuando fuimos a ver los estados contables, todo estaba al día, no había problemas con los proveedores», aseguró la presidenta, que dijo que la empresa, que hace 22 años operaba en Argentina, le había comunicado a sus proveedores que cerrarían sus operaciones en el país por no poder «superar la crisis que afrontaba».
La jefa de Estado aseguró que la compañía no tenía ninguna crisis y afirmó que hace un mes la empresa había cambiado a todo su directorio como «acto preparatorio».
Fernández dijo que la multinacional Donnelley está participada «en un 60-70 %» por fondos de inversión y uno de ellos es Black Rock, que «curiosamente se presentó» para apoyar a Argentina en el litigio de los fondos buitre en tribunales de Nueva York por la deuda.
La mandataria dijo que en diciembre de 2013, Paul Singer, dueño del fondo NML, uno de los querellantes contra Argentina, le transfirió acciones en otra multinacional a Black Rock.
«Como verán, todo hace juego. Todo un entramado, casi mafioso, a nivel internacional», dijo la presidenta.
Buenos Aires, 15 ago (EFE).-