El Gobierno canadiense defendió hoy el polémico proyecto de ley que plante penalizar la contratación de personas que se prostituyen pero que no criminaliza a los individuos que ejercen la prostitución.
El ministro de Justicia de Canadá, Peter MacKay, dijo hoy en el parlamento que el proyecto de ley «refleja un cambio fundamental hacia el tratamiento de la prostitución como una forma de explotación sexual que, de forma desproporcionada y negativa, impacta grupos e individuos marginales».
En diciembre del año pasado, el Tribunal Supremo de Canadá declaró las leyes contra la prostitución anticonstitucionales porque consideró que ponían en riesgo la vida de las personas que venden servicios sexuales y dio al Gobierno un plazo de un año para modificar la actual normativa.
Las leyes en vigor hacen ilegal la recepción de dinero obtenido con la prostitución, la existencia de prostíbulos y la comunicación en la calle entre prostitutas y clientes.
Por ello, el Gobierno del primer ministro, Stephen Harper, presentó un proyecto de ley para despenalizar la prostitución, pero que perseguirá a los clientes e ilegaliza la actividad en espacios públicos, lo que ha sido criticado por juristas y organizaciones de defensa de los derechos de las prostitutas.
Más de 200 juristas especialistas en cuestiones constitucionales publicaron hoy una carta dirigida a MacKay en la que señalan que el proyecto de ley aumenta el riesgo de violencia contra las personas que se dedican a la prostitución y que viola los derechos de las prostitutas.
Los expertos legales señalan que la penalización del acto de contratar servicios sexuales «desplazará a los trabajadores sexuales a áreas aisladas donde es menos posible que los potenciales clientes sean detectados por la policía» y aumentará el riesgo de violencia.
Toronto (Canadá), 7 jul (EFE).-
