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Toronto (Canadá), 13 jun (EFE).- El Tribunal Supremo de Canadá propinó hoy otro varapalo jurídico al Gobierno al dictaminar que la Policía necesita una orden judicial para obtener la identidad de los usuarios de internet.
El Tribunal Supremo canadiense dijo en su decisión que «una búsqueda sin orden judicial, como la que ocurrió en este caso, es presuntamente excesiva».
El caso al que se refiere el máximo tribunal canadiense es el de un individuo que fue acusado en 2007 de posesión de pornografía infantil tras descargarse de internet varios archivos.
La Policía, que monitoreó la descarga, solicitó al proveedor de internet los datos del cliente a partir de su dirección (IP) lo cual obtuvo a pesar de que no tenía una orden judicial para ello.
El Supremo también rechazó la petición de que se anulen las pruebas recogidas por la Policía en el caso, por lo que el acusado tendrá que enfrentarse a un nuevo juicio por distribución de pornografía infantil.
La sentencia del Tribunal Supremo se produce en el momento en el que el Gobierno canadiense ha presentado un proyecto de ley contra el ciberacoso pero que contiene, entre otras medidas, inmunidad para los proveedores de internet que proporcionen a la Policía sin orden judicial datos sobre sus clientes.
Numerosos expertos, incluido el nuevo comisario de privacidad nombrado por el propio Gobierno canadiense, han advertido que el proyecto de ley C-13 es peligroso y contiene numerosas disposiciones que atentan contra el derecho a la privacidad sin ayudar a la lucha contra el ciberacoso.
Recientemente se supo que las autoridades canadienses obtienen de forma rutinaria, y centenares de miles de veces al año, datos de usuarios de internet a través de proveedores sin ordenes judiciales.
El Gobierno canadiense dijo hoy que estaba «revisando la decisión judicial» para estudiar si el proyecto de ley necesita ser modificado.
En los últimos meses, el Tribunal Supremo canadiense ha fallado en varias ocasiones contra el Gobierno del primer ministro, Stephen Harper, en casos que una mayoría de juristas habían previsto serían decididos en contra de la posición gubernamental.
El rechazo más sonado fue la negativa de aceptar como juez del Tribunal Supremo a un jurista nombrado por Harper, Marc Nadon.
El caso Nadon, la primera vez en la historia de Canadá que el Tribunal Supremo rechaza un nombramiento, provocó especulaciones que Harper está buscando enfrentamientos con el estamento jurídico por considerar que es demasiado «liberal» y para motivar las bases conservadoras de cara a las elecciones generales de 2015.
