Los inusitados ataques del primer ministro canadiense, Stephen Harper, contra el Tribunal Supremo han causado sorpresa y preocupación ante el daño provocado a una de las instituciones más respetables del país.
Uno de los jueces más respetados del país, John Gomery, calificó hoy como «vergonzoso», «de mal gusto» y «desconcertante» el ataque frontal lanzado en los últimos días por Harper y su Gobierno contra la presidenta del Tribunal Supremo de Canadá, Beverley McLachlin.
Gomery fue el juez encargado de presidir en 2004 una comisión que investigó el escándalo de patrocinios del entonces Ejecutivo del Partido Liberal y cuyo demoledor informe muchos consideran dio la puntilla final a 13 años de gobiernos liberales y permitió la llegada al poder del conservador Harper en 2006.
Según declaró este sábado Gomery a la radio publica canadiense, CBC, los ataques de Harper contra McLachlin son «una acusación de que el tribunal es partidista», lo que a la larga socava la independencia de la máxima autoridad judicial de Canadá, una institución que hasta ahora tenía una imagen inmaculada en el país.
La crisis entre el Supremo y el Gobierno se desató cuando el Tribunal propinó un varapalo jurídico histórico a Harper al rechazar a su candidato para cubrir uno de los nueves puestos de la corte.
Harper había propuesto al jurista Marc Nadon para ocupar uno de los tres puestos que la provincia de Quebec tiene asignados en el tribunal a pesar de su escasa experiencia en áreas constitucionales y porque no cumplía los requisitos exigidos a los jueces de la provincia francófona para sentarse en la corte.
Según las leyes canadienses, el candidato tiene que ejercer como abogado en Quebec o ser juez en esa provincia en el momento de ser nombrado al Tribunal Supremo, requisitos que Nadon no cumplía.
La decisión del Supremo sobre Nadon fue calificada por expertos constitucionales como «una bofetada en la cara» de Harper y una confirmación de la independencia de la corte frente al Gobierno canadiense que se sumaba a otras decisiones recientes en las que había sentenciado en contra del Gobierno canadiense.
La semana pasada el periódico conservador «The National Post» publicó un artículo en el que fuentes del Partido Conservador de Harper señalaban que hace nueve meses, McLachlin había presionado al Gobierno en contra del nombramiento de Nadon, lo que de ser cierto afectaría a la imparcialidad de su decisión final.
Tras la aparición del artículo, McLachlin emitió un inusual comunicado negando su contenido e indicando que como parte de sus funciones había advertido al Gobierno canadiense sobre «el potencial problema» de idoneidad de candidatos antes de que Harper nombrase a Nadon.
La respuesta de Harper a la aclaración de McLachlin fue fulminante. Harper reveló que había rechazado hablar con la presidenta del Tribunal Supremo y sugirió que su intento de contactar al primer ministro fue inapropiado y potencialmente ilegal.
El ataque de Harper ha provocado perplejidad y preocupación en muchos sectores de la sociedad canadiense. Los partidos de la oposición han acusado al primer ministro de intentar intimidar al Tribunal Supremo a pesar de que la mayoría de sus jueces fueron nombrados por Harper.
La Asociación de la Abogacía de Canadá ha solicitado a Harper que se disculpe públicamente y declare que McLachlin no hizo nada inapropiado o ilegal al intentar explicar al Gobierno los límites de idoneidad de los candidatos a ocupar un puesto por Quebec en el Supremo.
Incluso una prestigiosa asociación judicial de Estados Unidos expresó su «alarma» por el ataque de Harper contra el Supremo canadiense.
Y los principales medios de comunicación del país han reflejado en sus editoriales la preocupación de que Harper esté dañando de forma irreparable y por fines partidistas quizás la institución más prestigiosa de Canadá.
Lo que Canadá se pregunta ahora es la motivación del ataque sin precedentes de Harper que para unos es fruto de su rechazo a la cultura liberal de Quebec.
Para otros es el preludio del uso por parte de Harper de una cláusula que permite a las autoridades canadienses aprobar temporalmente la suspensión de derechos, ignorando a los tribunales, una opción que es calificada como la «opción nuclear» del Gobierno canadiense contra el «activismo judicial».
Toronto (Canadá), 10 may (EFE).-
