El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció hoy que impugnará el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que le obligó el pasado martes a restituir en su cargo al alcalde de la capital colombiana, Gustavo Petro.
En declaraciones a medios locales en Medellín, el mandatario explicó que con esta decisión se busca defender un anterior acto del Gobierno por el cual ordenó la destitución de Petro el pasado 19 de marzo, al acatar un fallo de la Procuraduría que fue ratificado por el Consejo de Estado.
«Es lo lógico, no es que yo tenga nada a favor o en contra de Gustavo Petro, no es una posición que el Gobierno tenga a favor o en contra del alcalde, sino que la tutela puso en tela de juicio un acto del gobierno, un acto que nosotros consideramos que fue en justicia, en derecho», dijo el presidente a Caracol Radio.
Santos insistió en que la impugnación de este fallo de tutela (recurso de amparo) «de ninguna manera puede interpretarse como un acto a favor o en contra del alcalde».
«Tenemos que ser consecuentes, si tomamos una decisión que una tutela dice que estuvo mal tomada, pues nosotros estamos obligados a impugnar esa tutela, para no aparecer como que efectivamente nos equivocamos», afirmó en RCN La Radio el jefe de Estado.
Asimismo, explicó que había 33 tutelas a favor de la decisión del Gobierno de acatar la destitución de Petro y surgió una en contra, por lo que es «lógico» impugnarla.
El presidente Santos restituyó el martes a Petro como alcalde de Bogotá, un mes después de su destitución, al acatar la sentencia emitida el martes por un tribunal que ordenó cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Petro fue destituido el 19 de marzo al acatar una orden de la Procuraduría (Ministerio Público) que el 9 de diciembre de 2013 argumentó que el alcalde había cometido graves fallas durante la implantación del nuevo modelo de recolección de basuras un año antes.
En paralelo a la restitución, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa de más de 200.000 dólares a Petro, a nueve funcionarios más y a tres empresas públicas al considerar que aquel sistema de aseo público violaba la ley de competencia.
Bogotá, 25 abr (EFE).
