Las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en favor del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, obligaron hoy al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a restituirlo en el cargo aunque fue multado con más de 200.000 dólares por el caso de las basuras, el mismo que le costó la destitución e inhabilitación.
En apenas 48 horas, Bogotá ha tenido tres alcaldes: Petro tomó el relevo de su compañera de partido María Mercedes Maldonado, elegida el lunes por Santos de una terna para sustituir al ministro de Trabajo, Rafael Pardo, que se había puesto al frente del Ayuntamiento desde que el primero fue destituido el 19 de marzo.
«No tengo alternativa», confesó este miércoles un Santos contrariado tras firmar el decreto de restitución de Petro, quien en su juventud militó en la guerrilla del M-19 y tras dejar las armas fue congresista y candidato presidencial.
La vuelta de Petro a la Alcaldía estaba cantada desde que en la noche del martes dos jueces del Tribunal Superior de Bogotá fallaron un recurso de amparo que obligaba al presidente a cumplir las medidas cautelares otorgadas hace un mes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en ese sentido.
El Gobierno «no acoge la solicitud de medidas cautelares» dijo Santos el 19 de marzo, día en que Petro abandonó su cargo después de tres meses de resistencia al fallo de la Procuraduría (Ministerio Público), que le destituyó con el argumento de que el alcalde había cometido graves fallas durante la implantación de un nuevo modelo de recolección de basuras en 2012.
Según la Constitución colombiana, la Procuraduría protege los derecho humanos y asegura su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo, ejerce el Ministerio Público y el control disciplinario de los funcionarios del Estado, inclusive los de elección popular, y representa a la sociedad, sin competencia penal.
La decisión judicial de restituirle tomó al alcalde Petro en Sincelejo, en la norteña región Caribe, donde hacía campaña a favor de una Asamblea Constituyente y desde donde viajó en la mañana de este miércoles por tierra a Cartagena y desde ahí, en avión a Bogotá.
Desde Washington, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, aseguró que el organismo «valora muy altamente el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Colombia» y advirtió que seguirán vigilando el proceso.
Pero la alegría no fue completa para Petro: a la misma hora que Santos firmaba su restitución se conocía que la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia le impuso una multa de 410 millones de pesos (unos 212.000 dólares) y ordenó el cese del actual sistema de recolección de basuras que precisamente motivó su destitución.
Además de Petro, el organismo de control multó a otros nueve funcionarios de la Alcaldía y con 60.000 millones de pesos (unos 30 millones de dólares) a las tres empresas públicas que brindan el servicio de recolección de basuras desde diciembre de 2012 «por violar el régimen de libre competencia».
Paralelo a eso, el procurador general, Alejandro Ordóñez, anunció que el jueves impugnará ante la Corte Suprema de Justicia el fallo que ordenó la vuelta de Petro al Palacio de Liévano (sede de la Alcaldía) y el organismo tendrá 20 días para emitir su concepto.
El regreso de Petro a su despacho de la Alcaldía, que se hizo efectivo la tarde de este miércoles, también reactiva un proceso que se había suspendido por la destitución: el referendo revocatorio de su mandato.
En los próximas días el organismo electoral fijará el día para esta contienda, en la que los bogotanos tendrán que acudir a las urnas para decidir si el alcalde finaliza, o no, el mandato por el que fue elegido, que va hasta el 31 de diciembre de 2015.
El presente de la Alcaldía de Bogotá, una ciudad con cerca de ocho millones de habitantes, se ha convertido en un auténtico «culebrón jurídico» con cambios de trama casi diarios y cuyo futuro solo responde a especulaciones.
Bogotá, 23 abr (EFE).-
