Una mañana de 2005, la abogada guatemalteca Karen Fischer salió de casa y dentro de su buzón encontró copias de varios cheques emitidos por el gobierno de Taiwán a nombre del expresidente de Guatemala (2000-2004) Alfonso Portillo, quien esta semana confesó ante una corte en EEUU que fue sobornado para favorecer los intereses diplomáticos de la isla.
El próximo 23 de junio, el juez Robert Patterson dirá cuánto tiempo pasará en prisión el ex mandatario, después de que se declarara culpable de lavar en Estados Unidos el dinero pagado por Taiwán, de acuerdo a documentos del caso publicados por el departamento de Justicia estadounidense.
La confesión de Portillo detalla que el gobierno del país asiático le entregó varios cheques por un total de 2,5 millones de dólares, con el objetivo de que utilizara su influencia «para que Guatemala reconociera a Taiwán diplomáticamente», agrega el documento.
La supuesta donación de Taiwán tendría como destino original la compra de libros para escuelas, señala el informe.
Los cheques fueron hechos específicamente a nombre de Portillo y no al de una institución como es común, según afirma una investigación de un medio local.
El camino del exgobernante a la prisión estadounidense tiene ya casi una década de historia, y comenzó cuando Fischer se encontró con las copias de los cheques, según su relato.
«Cuando vi lo que había en mi buzón, me fui de espaldas», recuerda la abogada en una entrevista con Efe esta semana.
La letrada afirma que a la fecha desconoce la identidad de la persona que dejó las pruebas en su buzón.
Fischer fue la Fiscal Anticorrupción del país durante una parte del mandato de Portillo, hasta que en 2003 renunció.
Su salida, según señala, fue por la coacción del Fiscal General, Carlos de León, para cerrar una investigación en curso por malversación de fondos de la cúpula del gobierno de Portillo.
Tras comprobar la veracidad de los cheques en 2005, Fischer denunció a Portillo, quien vivía en México desde el final de su presidencia (2004).
En 2008, el exgobernante fue extraditado a Guatemala y en 2011 un juzgado local lo declaró inocente de todos los cargos.
Fischer trasladó la información del caso a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo de las Naciones Unidas que desde 2007 colabora con el Estado de Guatemala en el combate de las estructuras criminales que fomentan la impunidad.
Portillo fue capturado de nuevo en 2012 y un año después vivió una segunda extradición, esta vez a Estados Unidos, donde se le perseguía por lavado de dinero, gracias a la investigación de la Cicig.
De acuerdo a su confesión, Portillo intentó lavar la procedencia de la supuesta donación de Taiwán depositándola en Estados Unidos y después en cuentas en Europa a nombre de su primera esposa (quien se suicidó en 2010) y su primera hija.
La Fiscalía estadounidense, comandada por Preet Bharara (nombrado en 2012 por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo), aceptó la confesión de Portillo y de acuerdo a la información judicial, la condena sugerida es de entre 46 y 71 meses, además de la devolución del dinero.
Sin embargo, Luis Rabbe, quien fue ministro de Comunicaciones bajo Portillo, le dijo a periodistas el miércoles que el expresidente «volverá al país en unos cuatro o cinco meses».
Aunque la pena sugerida le parece «muy baja», Fischer reconoce que lo acontecido esta semana le trae «mucha satisfacción, porque es la primera vez en la historia de Guatemala que un presidente reconoce su culpabilidad».
José Carlos Móvil/Guatemala, 23 mar (EFE).-
